REFORMAS ECONÓMICAS Escrivá propone pagar hasta 12.000 € por año de jubilación aplazada
El ministro propugna que las pensiones suban según el IPC del año anterior, con revisión si al final es negativo
Con la presentación del plan de recuperación y resiliencia vinculado a los fondos europeos en capilla, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó ayer en el Congreso de los Diputados el plan de reforma de las pensiones que está negociando con los agentes sociales. Escrivá señaló que en el primer bloque de cambios que tratan de consensuar con la patronal y los sindicatos destacan nuevos incentivos para retrasar la jubilación como un pago único de entre 4.700 y 12.000 euros por cada año de demora, así como modificar el sistema de penalización para los trabajadores que voluntariamente quieran jubilarse de forma anticipada, donde castigarían sobre todo a aquellos con salarios más altos.
El ministro justificó este nuevo modelo, clave para acercar la edad efectiva de retiro a la edad ordinaria, alegando que un tercio de las jubilaciones anticipadas se producen en “pensiones superiores a 2.100 euros”. Según la propuesta que están negociando con los agentes sociales, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, los trabajadores que cotizan por las bases máximas y quieran jubilarse antes de tiempo de forma voluntaria sufrirán una penalización de hasta el 17%, cuando ahora en la práctica es solo del 4%. La penalización para este colectivo se incrementa en todas las situaciones, sea cual sea el tiempo de anticipación con respecto a la edad de jubilación. Por ello, Escrivá ofrece un aumento progresivo de los coeficientes de reducción de la prestación durante seis años.
Tanto en las jubilaciones anticipadas voluntarias –que se pueden efectuar hasta dos años an
DISEÑO DEL MINISTRO
La pensión subirá con el IPC del año anterior y se compensará en caso de inflación negativa
SIN UN ACUERDO CERRADO El Gobierno quiere llevar al Congreso en breve el primer paquete de cambios
tes– como las forzosas –cuatro años antes–, en la Seguridad Social son partidarios de que el desincentivo se aplique por cada mes de adelanto en el retiro (y no por trimestre, como hasta ahora). Además, el nuevo sistema de penalización establece reducciones decrecientes más graduales, que benefician “a la mayoría de los casos”, aseguró ayer el ministro. Sin embargo, son comparativamente más altas para los que quieren dejar de trabajar al principio del periodo legal: en el caso de un trabajador con menos de 38,5 años de cotización que desee jubilarse dos años antes, la penalización es del 21% frente al 16% actual. También aumenta la penalización para quienes lo adelantan solo dos o tres meses (el 2% que se aplica ahora subiría más de un punto adicional).
El plan actual de Escrivá pasa también por mejorar los incentivos al retraso del retiro más allá de la edad legal (las carreras más largas están en los 65 años; el resto, en 66 años). Para ello, ofrece la posibilidad de escoger entre un incremento de la prestación para los nuevos jubilados del 4% por año trabajando después de la edad ordinaria o el mencionado pago único de entre 4.700 euros y 12.000 euros, en función de la pensión ue percibir. O una combinación de ambos mecanismos.
En este primer tramo, figura también la fórmula de actualización anual de las pensiones que está sobre la mesa: el departamento de Inclusión y Seguridad Social apuesta por vincular la revalorización al IPC medio del año anterior y, en el caso de que finalmente la inflación sea negativa, este desfase se compensará en los incrementos de los tres ejercicios siguientes. Esta absorción no se aplicaría a las pensiones mínimas.
Escrivá también confirmó que van a acabar con la jubilación forzosa por convenio (en la actualidad, hay más de un millón de afectados por esta cláusula), ya que solo será posible aplicarla a trabajadores a partir de los 68 años. Además, fija un periodo transitorio de un año tras la finalización de la vigencia de los convenios que incluyen este tipo de cláusula.
Este primer paquete de cambios sobre la ley de Seguridad Social recoge asimismo el nuevo modelo de cotización para los autónomos por ingresos reales, que esperan poder empezar a poner en marcha a inicios del próximo año. El ministerio mantiene su propuesta de establecer hasta 13 tramos de cotización y de permitir cambiar de nivel “varias veces al año” y hacer un ajuste anual con la Seguridad Social entre cuotas y rendimientos declarados a Hacienda.
Escrivá insistió ante los representantes de la comisión del Pacto de Toledo en que el acuerdo estaba cerca, aunque también reconoció que las medidas que estaba presentando podían aún sufrir modificaciones. Desde hace semanas, tanto CC.OO. y UGT como CEOE han defendido que las discrepancias son importantes y ven lejos el acuerdo. En todo caso, el ministro de Inclusión y Seguridad Social lanzó una advertencia a los agentes sociales sobre la necesidad de avanzar con unas reformas recogidas en el plan de recuperación: el calendario, comprometido con Europa, aprieta. “Estamos cerca de disparar a gol, y el calendario es el que es. Si queremos llegar a final de año con estos cambios aprobados, hay que llevarlo a las cámaras de forma inminente. Y así va a ser”, amenazó.
El máximo responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó finalmente que quedan para una siguiente ronda de negociación sobre las pensiones otras cuestiones de calado como son la subida de las bases máximas, la sustitución del polémico factor de sostenibilidad de la reforma del 2013 y el incremento de la carrera de cotización por encima de los 25 años establecidos.