¿Pueden las autonomías comprar vacunas?
Sí son competentes para adquirir preparados aprobados por la EMA pero sería muy costoso por la poca capacidad de negociar en el mercado
Dónde va un länder o una autonomía compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna?”, se preguntó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con este interrogante –que a continuación se respondió con un “mejor unidos”– el líder del Ejecutivo trató de marcar el paso ante la polémica suscitada tras conocerse que el equipo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tanteó la compra de vacunas rusas Spútnik “ante la inoperancia del Gobierno central”. Pero, ¿puede un gobierno regional comprar vacunas por libre para inocular a sus ciudadanos? Los expertos consultados concluyen que podría –con varios matices fundamentales–, aunque todos coinciden con el presidente Sánchez en que “la unidad” debería “ser la lógica imperante”.
El primer paso para una hipotética compra por parte de una autonomía es que la vacuna esté aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Algo que, de momento, no sucede con la vacuna rusa frente a la covid. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania, donde el Gobierno del land de Baviera ha firmado un contrato preliminar para comprar 2,5 millones de dosis de la Spútnik V, pero todo está sujeto a que la fórmula sea aprobada por la EMA.
En España, cada comunidad es competente en exclusiva para la gestión administrativa sanitaria, conforme a los estatutos de autonomía. Tal y como asegura Francisco Velasco, catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, las regiones “tienen competencias plenas” para realizar compras de vacunas autorizadas, aunque actualmente se esté haciendo de una manera coordinada a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “por razones de mayor eficacia”.
El único escollo administrativo –otro sería el escaso músculo con el que una comunidad puede competir en un mercado global para la compra– que Velasco atisba es si en el seno del Consejo Interterritorial se acordase un criterio limitativo en la compra de alguna vacuna pese a que esté aprobada por la EMA. El catedrático se muestra escéptico sobre si se pudiese dar este caso ya que debería ser acordado por razones justificadas de interés general. “¿Qué gana el sistema en su conjunto prohibiendo la compra de una vacuna que está autorizada?, se pregunta para concluir que si este supuesto no se diese, insiste, las autonomías tendrían vía libre para adquirirlas.
En la misma línea se muestra el catedrático Ildefonso Hernández, que fue director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social entre 2008 y 2011. “Las competencias de las comunidades para gestionar los servicios sanitarios son plenas”, explica como punto de partida. Luego, pide diferenciar entre lo que es legalmente “admisible” de lo que es “leal” con respecto a otras comunidades y al resto del Estado. “No hay ningún impedimento legal, pero sí los hay éticos y, sobre todo, de efectividad en la acción”, aclara. “La sensatez”, dice llevarle a esa conclusión, ya que según enumera, las trabas que se encontraría una región que –en este contexto– decidiese actuar por libre irían desde un enorme mayor coste por la escala, a una capacidad de negociación mucho más limitada.
Fernando Moraga-llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología apela al “sentido común” para no generar competiciones entre comunidades, pero también apuesta por que las regiones tienen las competencias para comprar vacunas “como excepción” si el Estado no optase por adquirir una autorizada o si las regiones consideran insuficiente el número de dosis que están recibiendo.
En cuanto a la responsabilidad, el exdirector de Salud Pública consultado por La Vanguardia asegura que, si se inoculase de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento, la comunidad autónoma “no es responsable de un efecto secundario adverso que pudiese producir”. Sería responsable, por ejemplo, si la partida adquirida fuese pirata.
No hay impedimento legal pero sí ético, de lealtad con el resto del Estado y de efectividad en la acción