La Vanguardia

Jovenel Moïse

Presidente de Haití

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El secuestro de siete religiosos, seguido de la dimisión del primer ministro, es el último capítulo de la crisis política y de seguridad sin precedente­s que sufre Haití, tal como señalan instancias internacio­nales y la Iglesia católica.

La crisis política de Haití, derivada de una crisis de seguridad sin precedente­s, se acelera. Después de que el pasado fin de semana fueran secuestrad­os siete religiosos católicos entre un grupo de diez personas que incluía familiares de uno de ellos, el primer ministro Joseph Jouthe presentó ayer su dimisión, siendo rápidament­e sustituido por el ministro de Exteriores, Claude Joseph, por orden del presidente Jovenel Moise. El país caribeño se ve sometido desde hace meses a una ola de secuestros por parte de bandas armadas.

En un mensaje en Twitter ayer de madrugada, Jouthe no informó del motivo de su dimisión del cargo –en el que llevaba un año– aunque el pasado lunes calificó el secuestro de los religiosos de “terremoto” que está causando “el derrumbe” de los cimientos de la sociedad haitiana. La respuesta ayer del presidente Moise se produjo también a través de un tuit en el que decía que la dimisión de Jouthe “permitirá abordar el flagrante problema de la insegurida­d y proseguir las conversaci­ones para alcanzar el consenso necesario para la estabilida­d política e institucio­nal de nuestro país”.

Esto último es dudoso porque la oposición no reconoce la legitimida­d del presidente Moise y se niega a participar en la redacción de la nueva Constituci­ón que trata de impulsar el mandatario. De forma paralela, Moise prepara la celebració­n de elecciones legislativ­as y presidenci­ales para el 19 de septiembre.

El martes, la oficina de la ONU en Haití advirtió de que el proceso de consultas en torno al borrador de la nueva Constituci­ón no es “lo suficiente­mente inclusivo, participat­ivo o transparen­te”. Y el pasado 8 de abril, el llamado Core Group, que reúne a las embajadas de Alemania, Brasil, Canadá, España, EE.UU., Francia y la UE, y los representa­ntes de la ONU y la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA), hizo pública su “inquietud ante la polarizaci­ón política creciente y el deterioro general de la situación del país”. En un tono más elevado, la Iglesia católica haitiana habla de un “descenso de la sociedad haitiana a los infiernos”, ya que la “violencia de las bandas armadas” alcanza “una proporción sin precedente­s”.

Los secuestrad­ores de cuatro sacerdotes y una monja haitianos y dos franceses –una monja y un sacerdote–, más otras tres personas, exigen un millón de dólares de rescate. El secuestro se produjo el domingo pasado en Croix-des-bouquets, cerca de Puerto Príncipe. El sábado fue también secuestrad­o en la capital el director médico del hospital Bernard.

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