Casado trata de sacar partido de las discrepancias de Sánchez y sus aliados

ses, a partir del 9 de mayo, las medidas del escudo social antidesahucios y la moratoria de los alquileres para los colectivos más vulnerables. “Tenemos el compromiso de no dejar a nadie atrás”, justificó.

En clave de pugna política, Sánchez trató de arrinconar a Pablo Casado y Santiago Abascal en la esquina de la ultraderecha y acusó a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de sufrir “síndrome de Estocolmo” con un PP que intenta eliminarla, y resaltó la diversidad y pluralidad política como esencia de la democracia y sustento, también, de su Gobierno de coalición.

Con la mayoría de los grupos pidiendo a Sánchez prorrogar el estado de alarma o una alternativa jurídica, el líder del PP volvió a esgrimir su propuesta de modificación de la ley de medidas especiales en materia de salud pública, que ya rechazó hace meses el Congreso y que la semana pasada ofreció retomar y aprobar en 15 días.

Casado advirtió que si Sánchez no quería acompañarle, lo haría él solo. Y unas horas después registró la iniciativa en la Cámara, con un añadido respecto a la anterior al proponer que sea tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única, con lo que en 15 días podría estar aprobada.

Con esta iniciativa, Casado quiere que se pronuncien el resto de los grupos que en la sesión de ayer pidieron una legislación específica o que continúe el estado de alarma. La idea no es otra que poner al Gobierno en un aprieto, ya que grupos como el PNV, o Compromís, aliados del PSOE en Vitoria y Valencia respectivamente, claman por una seguridad jurídica para las medidas que tengan que poner en marcha a partir del 9 de mayo, si la situación epidemiológica sigue deteriorándose.

Para el PP sería un triunfo que el Congreso admitiera a trámite la norma y la aprobara en 15 días, o incluso que la amenaza de perder esa votación llevara al Gobierno a tomar la iniciativa de afrontar una ley a la que ahora Sánchez se niega, o a prorrogar la alarma.

Casado cuenta con el apoyo de todas las comunidades presididas por el PP, y alguna socialista, como Castilla-la Mancha. Incluso la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso –renuente a cualquier regulación pública– comparte esta iniciativa con el resto de sus colegas del PP, a pesar de que cuando Sánchez anunció su intención de no llevar más allá del 9 de mayo el estado de alarma, su reacción fue de aplaudir la medida.

El PP propone modificar con esta proposición la ley 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, que tiene carácter de ley orgánica, con lo que, a su juicio podría limitar derechos fundamentales, en el artículo que se refiere al control de enfermedades transmisibles, para añadir las restricciones de movilidad que el estado de alarma permitió durante todos estos meses. En concreto, la iniciativa haría obligatorias

El PP lleva al Congreso una modificación de una ley de Sanidad para dotar a las comunidades de medios legales

las cuarentenas, así como controlar o limitar entradas y salidas de las zonas afectadas, o restringir el movimiento dentro de ellas. También el derecho de reunión, que podría quedar condicionado en su ejercicio, tanto en lugares determinados como en el número de personas.