La OCDE reclama a España menos exenciones y deducciones fiscales
El organismo asegura que las diferentes normativas regionales son perjudiciales
La OCDE ha dado deberes. Pero el alumno no ha empezado a hacerlos. Todavía. Así se podría resumir el último informe publicado ayer por la organización con sede en París sobre España. “Las implicaciones de la pandemia han reforzado las antiguas vulnerabilidades de la economía española: un mercado laboral caracterizado por un paro elevado, conocimientos insuficientes, una amplia variación a escala regional y un elevado porcentaje de trabajadores con contratos no regulares”, recalca el informe.
En sus cuatro hojas, la institución ofrece una serie de recomendaciones entre las que destacan las del terreno fiscal. La OCDE aconseja incrementar los ingresos mediante la reducción de las exenciones en el IRPF y a través de una menor utilización de los tipos reducidos del IVA. También reclama un incremento a medio plazo de los impuestos sobre los combustibles fósiles para gravar las emisiones de dióxido de carbono. Y propone acompañar esta última medida de un sistema de compensación para los más vulnerables, con el fin de que no resulten perjudicados.
Asimismo, advierte que “cualquier aumento de impuestos debería implementarse solo una vez la recuperación esté consolidada”. La advertencia se produce cuando el Gobierno encara una reforma del sistema tributario para la que acaba de constituir un comité de expertos. Entre los objetivos planteados por Hacienda está la armonización de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones, para evitar que comunidades como Madrid impongan tipos cero, así como un aumento del impuesto de sociedades.
En cualquier caso, el informe de la OCDE aplaude la reciente subida del IVA a las bebidas azucaradas, así como las anunciadas tasa Google y sobre las transacciones financieras. En esta línea, el secretario general de la organización, el mexicano Ángel Gurría, subrayó ayer que una de las prioridades a nivel internacional debe ser un acuerdo sobre la fiscalidad de los gigantes tecnológicos, un objetivo que de hecho se está negociando en el marco de la OCDE.
En cuanto al mercado laboral, los técnicos de la OCDE consideran que España debe poner en marcha un contrato único, frente al proyecto de tres tipos de contrato (el estable, temporal y de formación) que ha planteado el Gobierno.
Los expertos de la organización
MERCADO LABORAL
La organización aconseja un contrato laboral único, el Gobierno propone tres
abogan también por mejorar la eficiencia en las políticas activas de empleo, reducir los contratos temporales y una efectiva política de formación.
También habrá que ver en qué medida la intención de cancelar la reforma laboral del PP podrá garantizar estos objetivos. El llamado “club de los países desarrollados” hace notar que en España, después de la fase de “importantes reformas estructurales” que se llevaron a cabo entre el 2012 y el 2015, los gobiernos en minoría que se han sucedido han ralentizado el ritmo de las mismas.
Asimismo, la OCDE recuerda que España todavía va por detrás a la hora de usar las tecnologías digitales. El organismo afirma que sería conveniente reforzar la red pública de I +D, además de mejorar la calidad de la investigación universitaria para ayudar a encajar las demandas del mercado laboral.
Habrá que ver si las inversiones anunciadas en el coche eléctrico y en la reforma de la vivienda, los dos ejes que aprovecharán el dinero de los fondos europeos, irán en la deseada dirección de apostar por un modelo económico más innovador y digitalizado.
En el documento también hay espacio para arremeter en contra del Estado de las autonomías, que en su opinión crea disfunciones administrativas y económicas. La OCDE señala que “las diferencias regulatorias regionales plantean barreras para lograr un mercado verdaderamente único y ralentizan el crecimiento de las empresas, lo que obstaculiza la productividad y la creación de empleo”.
El organismo insiste en que “la máxima prioridad política debería ser eliminar esas barreras al crecimiento de las empresas, en particular mediante la implementación de la ley de Unidad de Mercado [se aprobó en 2013 durante el Gobierno del PP]. “Para ello –reza el texto–, es necesario mejorar la cooperación y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, lo que también contribuirá a una rápida absorción de los fondos de la próxima generación de la UE para apoyar la recuperación”.
POLÍTICA FISCAL
Pide aumentar impuestos solo “una vez la recuperación esté consolidada”