Gavà impulsa uno de los mayores planes urbanísticos metropolitanos
De forma acompasada con un plazo de entre 15 y 20 años, Gavà está impulsando uno de los planeamientos urbanísticos más importantes del área metropolitana de Barcelona. A través del plan de Ponent se prevén la creación de como máximo 4.896 viviendas, un 40% de las cuales serán públicas pese a que el 83% del suelo urbanizable es de titularidad privada, con la empresa Kronos como principal titular. El proyecto requiere una inversión total superior a los 1.000 millones de euros y se realizará con financiación pública y privada.
El proyecto de Ponent no es nuevo. De hecho, el Plan General Metropolitano (PGM) del 1976 preveía que esta zona era el crecimiento natural de Gavà. Se aprobó definitivamente en el 2006 pero la anterior crisis económica lo paralizó. Se reanimó con alguna promoción previa a la covid, que lo volvió a frenar. “La pandemia lo ha retrasado, pero ahora ya vemos la luz al final del túnel”, dijo ayer la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, durante la presentación del plan. “Es la aportación de Gavà a la necesidad metropolitana de acceso a la vivienda”, agregó.
El 85% de las 186 hectáreas del planeamiento es suelo no residencial y el 61% se destina a espacios libres. Se plantea la creación de una veintena de equipamientos. Algunos, como el parque de bomberos, ya se hicieron hace un tiempo y otros, como el tercer centro de atención primaria, son muy esperados en Gavà.
Por otro lado, están planificados cinco parques de diferente tipo que sumarán 48 hectáreas forestales, 23 de ribera y 37 urbanas. Y es que todo este desarrollo se quiere llevar a cabo en espacios naturales. El Ayuntamiento sostiene que Ponent ayudará a cuidarlos y a hacerlos accesibles para la ciudadanía porque pasarán a estar en manos públicas. “Ponemos en valor los valores medioambientales”, consideró Raquel Sánchez.
Pese a ello, el proyecto continúa contando con oposición. Sin ir más lejos, ayer el grupo Les Agulles - Ecologistes en Acció anunció que presentará un recurso contencioso-administrativo contra las obras de uno los bloques del sector y de forma indirecta contra el conjunto del plan. Aseguraron que las presuntas irregularidades están relacionadas con la “ausencia de evaluación del impacto sobre los espacios protegidos”. Agregaron que “podría tener carencias importantes en materia de aguas” y que el proyecto “estaría insuficientemente justificado desde el punto de vista urbanístico”. Este colectivo se opone a Ponent desde hace años.