La reforma Escrivá topa con los sindicatos y la fragilidad parlamentaria

Cuatro de cada diez nuevos jubilados se retiran antes de la edad fijada por ley

A principios de esta semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, decidió enseñar sus cartas sobre la reforma de las pensiones. En una comparecencia a petición propia ante la comisión del Pacto de Toledo, Escrivá expuso con un notable nivel de detalle su primer paquete de medidas. Un movimiento poco habitual mientras sigue abierta la mesa del diálogo social y el equipo de Inclusión y Seguridad Social no ha conseguido llegar a un acuerdo de momento con la patronal y los sindicatos.

Los agentes sociales y, en especial, las organizaciones sindicales han recibido las propuestas hechas públicas con una mezcla de sorpresa y malestar, y han reclamado retomar las negociaciones tripartitas. Mientras, fuentes del diálogo social se suman a las voces que advierten de que ni siquiera el aval de un acuerdo con CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT sobre pensiones es garantía de que la reforma Escrivá saldrá adelante, en un Parlamento tan fragmentado. Sobre todo cuando se trata de una cuestión tan sensible e impopular como endurecer las reglas de la jubilación para embridar el gasto en pensiones a futuro. “Es un tema muy delicado, que no anima precisamente a los partidos políticos a apoyar medidas de ajuste”, señala José Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València y miembro del comité de expertos de la reforma del 2013.

Para colmo, un proceso tan endiabladamente complejo –negociación para lograr un acuerdo con los agentes sociales y búsqueda de apoyos parlamentarios mínimos– casa difícilmente con las prisas que impone el calendario de reformas comprometido con Bru

selas para recibir los ansiados fondos europeos de recuperación.

Fuentes del diálogo social aseguran que el ministro Escrivá ya intentó forzar la negociación para cerrar un primer acuerdo sobre la reforma de las pensiones a finales de diciembre pasado. Más de tres meses después, la situación sigue bloqueada. “No hay un acuerdo ni estamos cerca”, aseguró con rotundidad este martes el secretario general de CC.OO., Unai Sordo. Las discrepancias con los agentes sociales sobre este paquete de medidas que incluye una nueva fórmula de revalorización, la penalización de las pensiones anticipadas, el incentivo al retraso de la jubilación y la cotización de los autónomos por ingresos reales no son pequeñas. Y obviamente no han disminuido una vez Escrivá las expuso en el Congreso de los Diputados.

En su comparecencia, el máximo responsable de la Seguridad

Social detalló los cambios para acercar la edad efectiva de jubilación (ahora en torno a los 64,5 años) a la establecida por ley. Escrivá anunció un nuevo sistema de penalización por meses para desincentivar las jubilaciones anticipadas, que representan un 40% de los nuevos retirados (ver cuadro), mientras que menos del 5% se jubila después de la edad ordinaria. Entre las medidas, destaca el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas voluntarias –una de cada cinco que se registraron en el 2020– a los dos años de la edad legal y, sobre todo, para los salarios más elevados, o la eliminación de la jubilación forzosa por convenio.

A los sindicatos no les convencen las medidas para alargar las carreras de cotización y se inclinan por profundizar en los incentivos más que en las penalizaciones. Desde CC.OO. y UGT insisten en priorizar la derogación de la reforma puesta en marcha en el 2013 por el PP con la garantía del poder adquisitivo y la eliminación del factor de sostenibilidad.

Mientras, fuentes de la patronal señalan entre los puntos más espinosos que Escrivá quiera tumbar la jubilación forzosa –se la arrancaron a los sindicatos en el 2018 con el acuerdo bipartito sobre salarios– y especialmente el incremento significativo de las bases máximas de cotización y la constitución de planes privados de pensiones colectivos con el respaldo del Estado .

Más dudas suscitan incluso los apoyos parlamentarios, aunque hace unos días Escrivá se mostró dispuesto a llevar su plan al Parlamento si no lograba un acuerdo en el diálogo social. Prácticamente descartado el sí de los partidos que se oponen al Gobierno, no está nada claro que la diversidad ideológica de las formaciones que impulsaron la investidura de Sánchez sea compatible con las medidas propuestas por el ministro de Inclusión y Seguridad Social.

Prueba de la dispersión de intereses fueron las críticas, entre otros, de Bildu y del propio Unidas Podemos, cuyas portavoces cuestionaron con dureza la nueva fórmula de revalorización. Así, rechazan de plano la devolución en tres años del desfase cuando la inflación sea negativa. Dentro del Gobierno, la formación morada mantiene perfil bajo a la espera de cómo discurre el diálogo con empresarios y sindicatos. Aunque no hay que olvidar que, cuando trascendió la propuesta de elevar a 35 los años para calcular la pensión, la ahora vicepresidenta Yolanda Díaz no dudó en advertir que Podemos no iba a votar a favor de recortes.

Mañana está convocada de nuevo la mesa con la patronal y los sindicatos, después de semanas sin reunirse. La reforma de las pensiones está abierta en canal y el tiempo corre en contra para cumplir con Bruselas.

A CC.OO. y UGT no les gustan las penalizaciones y priorizan derogar los cambios del 2013

Los partidos que impulsaron la investidura tienen planteamientos dispares

Incluso Podemos critica medidas del plan del ministro de la Seguridad Social