Ampliar el cómputo a 35 años perjudica más a las trabajadoras
En el plan de recuperación, presentado el pasado martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España se compromete ante Bruselas a la “adecuación a las nuevas carreras profesionales”, para que “la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”.
Con esa fórmula enrevesada el Ejecutivo mantiene abierta la puerta a ampliar el periodo de cómputo de 25 a 35 años que tener en cuenta para fijar la pensión de los nuevos jubilados. Esta vía, para rebajar el gasto de la Seguridad Social ante la entrada de la populosa generación del baby boom y apuntalar la sostenibilidad del sistema, le ha acarreado en los últimos meses al ministro José Luis Escrivá numerosos quebraderos de cabeza y el enfrentamiento abierto con los miembros del Gobierno
de Podemos. Escrivá no se cansa de repetir que revisar el periodo para calcular la pensión no tiene por qué suponer un recorte y favorecerá a un grupo importante de trabajadores que han tenido la desgracia de perder el trabajo o sufrir una fuerte rebaja salarial en la última parte de su carrera profesional. Sin embargo, análisis recientes como el de la Universitat de València y la Universidad de Extremadura para el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson concluyen que pasar a los 35 años de cotización supondrá una disminución de alrededor del 8,6% de la pensión media inicial.
En la propuesta inicial de Escrivá de esta medida, incluida en el paquete de reformas relacionadas con el sistema de pensiones y que fue retirada ante la presión del socio minoritario de gobierno, la Seguridad Social ya admitía que la caída de la prestación para los nuevos jubilados sería del 6,3%.
El nuevo estudio pone el acento además en señalar qué colectivos pagarán los platos rotos sobre todo si finalmente sale adelante el aumento a 35 años del periodo de cómputo. Como perjudica a los
trabajadores con carreras de cotización tradicionalmente más cortas, avisan que las principales perjudicadas serán las mujeres y los autónomos.
En el caso de las trabajadoras, detectan “un posible problema de discriminación indirecta”, ya que un cambio de este calado –que la Comisión Europea ve con buenos ojos– conllevaría un descenso en la pensión promedio inicial de nada menos que del 10,3%, frente al 7,9% en el caso de los hombres. “Esto supone una reducción superior al 30% para las mujeres, respecto a los hombres”.
Para los trabajadores por cuenta propia, la bajada de la prestación para los nuevos jubilados superaría el 10%.
Al igual que otras cuestiones también especialmente espinosas como el incremento de las bases máximas de cotización y el nuevo mecanismo (reductor) que sustituya al polémico factor de sostenibilidad, la revisión de los años que contabilizar para la pensión forma parte del segundo gran paquete de medidas de reforma, que el equipo del ministro de Inclusión y Seguridad Social espera tener a punto en otoño del 2022.