La reforma fiscal topa con el gran escollo de la armonización autonómica
El comité estudia fijar tipos mínimos para sucesiones y patrimonio
La armonización autonómica de impuestos cedidos como el de sucesiones o patrimonio es el principal escollo de la reforma fiscal que quiere emprender el Gobierno. El comité de expertos plantea fijar tipos mínimos para estos tributos, lo que supondría alzas impositivas en algunas comunidades.
No es fácil llevar a cabo una armonización de los impuestos que gravan la riqueza que defendió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al mismo tiempo oponerse a una subida de impositiva como declaró la vicepresidenta Calviño. La propuesta sobre la que va a trabajar el grupo de 17 expertos del comité de reforma fiscal creado por Hacienda va a tratar de establecer tipos máximos y mínimos en patrimonio y sucesiones-donaciones y la posibilidad de fijar un mínimo en sociedades. Sería pues una subida fiscal al alza acotada a un colectivo no muy grande.
¿Cómo sería esa propuesta? Los académicos y fiscalistas consultados por La Vanguardia discrepan sobre la forma de acometer la armonización. El primer elemento es el establecimiento de un tipo mínimo por parte del Estado a un impuesto cedido al 100% a las comunidades autónomas.
Rafael Granell, profesor de economía aplicada de la Universitat de València y colaborador del IVIE, ve con buenos ojos establecer un tipo mínimo en patrimonio mientras ve innecesarios un máximo pero advierte que “es difícil llevarlo a cabo porque nunca se ha aplicado en España un sistema similar”. Alejandro Esteller, catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona y miembro del IEB, asegura que se podría optar por un modelo similar al que se sigue en EE.UU. y que el Estado español recaudara una parte de patrimonio. “En aquellas comunidades que lo tuvieran a cero, los contribuyentes solo pagarían al Estado”, dice Esteller quien precisa que tampoco se beneficiarían del mismo las comunidades que lo tienen bonificado al 100%. En el resto de comunidades obviamente el contribuyente se deduciría de la tarifa autonómica la que ya paga el Estado. “Legalmente es un tributo cedido y el Estado puede hacerlo”, añade Esteller.
Ese mecanismo podría aplicarse también en sucesiones y donaciones. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, no cree que sea la manera de armonizar un tributo cedido y apostaría en todo caso porque el Estado estableciera “un límite inferior bajo” en sucesiones. En cuanto a patrimonio lo considera un tributo “muy malo” y añade: “se puede considerar confiscatorio porque pagas una y otra vez”.
Foment del Treball ha creado su propio grupo de expertos fiscales para contraponer las propuestas del comité impulsado por Hacienda. En ese grupo está el secretario general de Foment, Savador Guillermo: “Nuestra propuesta de armonizar el impuesto de patrimonio es armonizar con su eliminación”, señala.
En cambio, Granell cree que patrimonio tiene justificación porque en muchos casos el citado patrimonio no genera renta y, por lo tanto, no puede gravarse a través del IRPF.
En cuanto a sucesiones, todos los académicos y fiscalistas consideran que debería establecerse un tipo mínimo. “El impuesto de sucesiones es el que tiene más justificación en cuanto a la fiscalidad de la riqueza puesto que con ese tributo se facilita que el Estado redistribuya entre la sociedad esa riqueza cambia de manos”, dice Granell. “Si se gravara bien las herencias quizás no haría falta el impuesto de patrimonio”, añade. Esteller señala que “la ganancia patrimonial que significa recibir una herencia es parecido a que te toque la lotería”. Por eso a su juicio es de justicia grabarlo.
José María Mollinedo, secretario del sindicato de técnicos de Hacienda, estima que cualquier reforma que afecte a los tributos cedidos no se podrá poner en marcha hasta el 2023. “Debería nego
DISCREPANCIAS
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TRIBUTOS POLÉMICOS
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ciarse un acuerdo de financiación autonómica por la cesión de los tributos a las comunidades autónomas, lo que retrasaría todo el proceso”, dice Mollinedo.
A priori la ministra Montero dijo que su intención es tener listas algunas de las reformas (sobre todo las que hacen referencia a los tributos de la riqueza y al impuesto de sociedades) este año para que se pudiera aplicar en el 2022.
En sociedades prácticamente todos los expertos consultados ven con buenos ojos seguir la línea defendida por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de una imposición mínima para empresas a escala global. Esteller es partidario de un tipo mínimo en sociedades pero avisa que hay que ir con mucho cuidado: “España no puede iniciar una armonización de forma individual ya que debe coordinarse como mínimo con el resto de Europa”.
De la Fuente opina que “a nivel internacional” puede tener sentido una tributación mínima en sociedades. Dentro de España, el director de Fedea ve raro mantener un tipo mínimo y seguir con las deducciones.
Mollinedo recuerda que algunas de las propuestas que se han puesto encima de la mesa es la un tipo mínimo en sociedades que sea dos tercios la imposición normal y añade que otras propuestas de organismos internacionales lo situaban en el 21%. ●