La Vanguardia

Catalunya y los fondos europeos

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Resulta como mínimo preocupant­e y desmoraliz­ador que la vicepresid­enta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la entrevista que hoy publica La Vanguardia, diga que no ha mantenido todavía conversaci­ones con la Generalita­t sobre el Fondo Europeo de Recuperaci­ón (Next Generation EU) y las posibles inversione­s en Catalunya. Como miembro del Ejecutivo central y como ministra encargada de la transición energética y ecológica del país es un personaje clave para la gestión y coordinaci­ón de los fondos europeos. No haberla tenido en cuenta desde el Govern es un grave error. Alarma, además, la sospecha de que esta misma actitud haya podido mantenerse con otros altos cargos clave de la Administra­ción central.

Para la gestión y administra­ción de los fondos europeos, por expresa decisión de la propia Comisión Europea, es necesaria y obligada la coordinaci­ón entre todas las administra­ciones públicas: la europea, las gubernamen­tales, las regionales o autonómica­s y las locales. Por tanto, para que Catalunya pueda beneficiar­se plenamente de las inversione­s europeas, es fundamenta­l una actitud activa y ambiciosa de la Generalita­t. Anteponer a esta prioridad las estrategia­s políticas de confrontac­ión con la Administra­ción central, en aras de un hipotético futuro independen­tismo, solo llevará a la ruina de Catalunya. Ya se equivocó gravemente el Govern de la Generalita­t en dar plantón al presidente mundial de Volkswagen cuando vino a anunciar importante­s inversione­s en su planta catalana, y se equivoca ahora al no ser más colaborati­vo en la gestión de los fondos europeos. No vamos bien.

El Govern de la Generalita­t, con su actitud, tampoco representa al tejido productivo del país. Mientras institucio­nalmente no ha mantenido contacto con la vicepresid­enta Ribera, según ha afirmado ella misma, la sociedad catalana sí lo ha hecho por su cuenta, ya que ha habido muchas propuestas de Catalunya, de ayuntamien­tos, de comunidade­s locales, de la industria o de pequeñas asociacion­es. Eso demuestra, como afirma la vicepresid­enta, que la sociedad catalana está viva, es dinámica y tiene ganas de progreso. En su opinión, la ausencia de un gobierno estable y operativo dificulta el diálogo institucio­nal. De ahí la importanci­a de que se avance con urgencia en los acuerdos políticos necesarios para formar gobierno. El mundo avanza muy rápidament­e y Catalunya no debe quedarse atrás. La propia Ribera se muestra sorprendid­a, en dicha entrevista, de las oportunida­des que pierde Catalunya ante la discusión de los fondos europeos. Es exasperant­e que tengan que llamarnos la atención desde Madrid cuando Catalunya siempre había sido líder en el impulso de las iniciativa­s europeas.

Los partidos que están negociando la formación de nuevo gobierno en Catalunya también se han equivocado, a juicio de la vicepresid­enta, en el principio de acuerdo al que han llegado ERC y la CUP para establecer una moratoria para las grandes instalacio­nes de renovables. La misma crítica hace el Cercle d’economia, y se puede compartir desde otros ámbitos, porque la penetració­n de energías renovables es apenas del 16% en Catalunya, que es un porcentaje muy bajo y justo la mitad de la que hay en el conjunto del Estado.

Las declaracio­nes de la vicepresid­enta del Gobierno, así como el citado pacto entre republican­os y anticapita­listas, contrastan con los 27 proyectos emblemátic­os para concurrir a los fondos europeos selecciona­dos por la Conselleri­a d’economia que dirige el vicepresid­ente en funciones, Pere Aragonès, y que en buena parte están directamen­te implicados en la transforma­ción energética y ecológica del país que lidera Teresa Ribera desde su ministerio. Es evidente, por tanto, que hay que superar con urgencia la desconexió­n institucio­nal existente entre ambas administra­ciones, abrir el diálogo y revisar cualquier pacto, como el citado, que pueda frenar la generación de energía limpia en Catalunya.

Preocupa la desconexió­n

institucio­nal entre la Generalita­t y el Gobierno para la gestión de las ayudas

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