Integrar a los jóvenes migrantes

Integrar socialmente a los jóvenes migrantes, enseñarles el idioma, formarlos y prepararlos para trabajar y poder ser autosuficientes no es solo un acto de justicia social, ni tan solo de caridad. Es una necesidad imperiosa para una sociedad como la catalana, o la española, que sufre un enorme hueco demográfico a causa del bajo índice de natalidad existente. Los menores extranjeros no acompañados, en general, son jóvenes valientes, que han dejado su país y sus familias para forjarse un futuro mejor entre nosotros a base de esfuerzo y de trabajo. Esa energía no puede ni debe desperdiciarse en la marginación y el rechazo, ya que ello conduce, como única alternativa, al mundo de la exclusión social, la delincuencia y la pérdida de esperanzas en un futuro mejor. De esta manera, en lugar de ser una aportación positiva para la sociedad, se convierten en un problema que, a la larga, resulta mucho más costoso que invertir desde el primer momento para integrarlos plenamente como ciudadanos de pleno derecho desde su acogida.

Hay que decir lo anterior, y repetirlo una y otra vez, porque los esfuerzos que se efectúan para la integración de los jóvenes migrantes están lejos ser los necesarios. Se invierte poco en ellos y eso es un error. Desde el inicio de la pandemia la llegada de menores migrantes se ha reducido a un tercio, en comparación con años anteriores, pero han venido, desafiando a la covid, y se han quedado entre nosotros. En los últimos tres años han llegado a

Catalunya más de 8.000 jóvenes no acompañados que han sido atendidos por la dirección general de Atenció a la Infància i l’adolescència (DGAIA). Uno de cada tres, sin embargo, ha abandonado ya la institución.

Hay que reconocer que se ha avanzado mucho en la atención a estos jóvenes. Ha sido un acierto, en este sentido, prolongar las medidas asistenciales más allá de los 18 años. El modelo desarrollado debería ampliarse a todos los jóvenes migrantes que no disponen del apoyo familiar suficiente, así como a todos aquellos que no han podido incorporarse a los planes de ayuda y que viven en la calle. Son un colectivo que no está cuantificado.

Algunas entidades sociales señalan que, además, se deberían diseñar nuevas propuestas formativas, más imaginativas, para promover salidas más exitosas y rápidas al mercado laboral. Las empresas podrían involucrarse en ello. Por encima de todo, sin embargo, lo más urgente sería lo más fácil. Se trataría de corregir de inmediato la ley de Extranjería, que exige a los jóvenes migrantes contar con medios de vida propios para poder actualizar su permiso de residencia. Este requisito, que es insalvable para la mayoría, los condena a la irregularidad y a perpetuar su vulnerabilidad. Como hemos dicho, favorecer y trabajar a fondo para integrar a los jóvenes migrantes es algo que no debe contemplarse como un gasto, sino como una inversión social y económica de primer orden.

Dar a estos menores formación y empleo no es un gasto, sino una inversión

social y económica