Los colegios de ingenieros, contra la moratoria a las renovables
Cinco colegios profesionales reclaman activar los proyectos de energías renovables en Catalunya y expresan su temor a que se produzcan nuevos retrasos tras el principio de acuerdo entre ERC y CUP para fijar una moratoria a las grandes instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas. Estas entidades piden que se refuerce el decreto del Govern de noviembre del 2019 (de respuesta a la emergencia climática). El manifiesto lo firman los colegios d’enginyers Agrònoms; de Camins, Canals i Ports; Enginyers Industrials de Catalunya; d’informàtics; i l’associació Catalana d’enginyers de Telecomunicació.
Todos estos colegios coinciden en la necesidad de dar prioridad en Catalunya al desarrollo de las fuentes renovables, tras años de paralización del sector, y avalan la declaración de utilidad pública recogida en el decreto del Govern del 2019. Consideran que este decreto es un instrumento necesario, pero debe ser perfeccionado para que se agilicen los trámites administrativos y se resuelvan antes de un año las solicitudes presentadas a la potencia creada por el Govern.
Los promotores han presentado al Govern 262 de solicitudes de proyectos de plantas fotovoltaicas (9.253 ha) y 127 proyectos de parques eólicos (1.038 aerogeneradores), aunque ninguno tiene la autorización definitiva, pues incluso los proyectos considerados viables a priori deben ser sometidos al trámite de evaluación ambiental.
Los colegios profesionales urgen que se aclare el futuro de estos proyectos en liza porque temen que el “fantasma de la moratoria” y nuevas trabas burocráticas pongan en riesgo inversiones millonarias en un momento en que habían despertado expectativas de desarrollo del sector. “Existe el peligro de que se puedan perder aquellos proyectos que ya disponen de un derecho de conexión otorgado por Red Eléctrica o Endesa, pues a partir de la fecha en que se da la conexión a la red se dispone de 5 años para llevar a cabo esa construcción según prevé la ley. Entramos en una fase crítica”, alerta Josep Maria Montagut, presidente de la comisión de energía del Col·legi d’enginyers Industrials de Catalunya.
La tramitación ambiental debe resolverse, además, en 22 meses, por lo que “si hay una moratoria, eso tendrá consecuencias nefastas” para la viabilidad de estos proyectos, añade Montagut. “Todo esto supondría pérdidas cifradas en unos 500 millones de euros que ya están depositados en avales para impulsar estos proyectos”, añade.
El manifiesto de los ingenieros se pronuncia en favor de “un justo equilibrio” entre el interés general en la transformación del modelo energético (derivado de la necesidad de descarbonizar la economía) y los intereses particulares.
También pide reforzar un cambio de visión que fomente los proyectos individuales y colectivos de manera distribuida y descentralizada en el territorio. Igualmente, reclama que se incentive a los municipios para que definan proyectos “de generación eléctrica de kilómetro cero”, que beneficien al mundo local, y con una correcta integración paisajística, incluyendo la preservación de los campos de cultivos protegidos de alto valor.
De las 262 solicitudes evaluadas ya por la ponencia de energías renovables del Govern, solo se han considerado viables el 23% de los proyectos; el 41% pueden serlo pero están sujetos a condicionantes y deben introducir correcciones, y el restante 36% han sido rechazados a las primeras de cambio.
Alertan que más trabas y la suspensión pueden ser “nefastas” y echar a perder inversiones millonarias