Los activistas piden reformas más profundas para atajar la violencia
La muerte de Floyd provocó una nueva ola de cambios policiales en EE.UU.
“Papá ha cambiado el mundo”, dijo con una inmensa sonrisa Gianna, la hija pequeña de George Floyd, poco después de la agónica muerte de su padre bajo la rodilla de un policía en Minneapolis. La reacción a lo que podría haberse quedado en un episodio más de violencia policial en Estados Unidos traspasó en efecto fronteras, pero lo que provocó fue sobre todo una ola histórica de reformas legales en el país.
Casi once meses después de los hechos, con el juicio al agente Dereck Chauvin casi listo para sentencia, académicos y activistas analizan el impacto de los cambios aprobados en los últimos meses por los estados y autoridades locales, responsables últimos de las leyes que gobiernan los 18.000 cuerpos de policía que tiene Estados Unidos (solo un pequeño porcentaje depende del Gobierno federal). Aunque las reformas son significativas, celebran, para erradicar la lacra de la brutalidad policial será necesaria una transformación más profunda.
“Es alentador ver los pasos que los parlamentos estatales y las ciudades han dado para responder al racismo y desigualdad que vemos en la acción de la policía pero ya hemos estado aquí antes”, alerta a La
Vanguardia Jonathan Smith, director del Washington Lawyers’ Committee, antes de relatar la lista de actos de violencia policial que han sobresaltado al país en los últimos años y los consecuentes cambios legales, como la brutal agresión al taxista Rodney King en Los Ángeles en 1992 o la muerte de Michael Brown en Ferguson en el 2014.
Como responsable del departamento de derechos civiles del Ministerio de Justicia, Smith trabajó en algunas de esas reformas. La reacción a la muerte de Floyd le sorprendió. “Llevo 35 años en esto y lo que está pasando es diferente a todo lo que he visto. Deseo con todas mis fuerzas que esta vez sea diferente, pero cuando miro a la historia de mi país me pongo nervioso”, admite. “No estoy seguro de que, con la pandemia y la crisis económica, se vaya a poder mantener la presión”.
En los últimos 10 meses se han aprobado unas 140 reformas policiales a nivel estatal y local, según el recuento de The New York Times.
Muchas están dirigidas a restringir el uso de la fuerza y prohibir prácticas como el ahogamiento, la técnica adoptada por Chauvin para inmovilizar a Floyd. Otras, a aumentar la supervisión civil y la transparencia, por ejemplo mediante el uso obligatorio el uso de cámaras corporales o la difusión de las grabaciones.
En California y Maryland se ha puesto el acento en limitar las ocasiones de interacción entre los agentes y los negros, situaciones tensas que pueden derivar en violencia. No es un camino fácil. El intento de Minneapolis de desmantelar su departamento de policía y empezar de cero, una decisión adoptada por el Ayuntamiento poco después de la muerte de Floyd en la ciudad, fue frenada meses después y será sometida a referéndum.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tiene la vista puesta en acabar con la inmunidad cualificada, la doctrina que protege a los agentes de toda responsabilidad financiera por hacer daño a alguien. En la práctica, denuncian sus detractores, funciona como un sistema de “absoluta impunidad”. La demanda se ha abierto paso en la calle y puede leerse entre los carteles en memoria de Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y otras víctimas de la violencia policial.
Aunque hay algunas iniciativas en este sentido a nivel estatal y local, ACLU reclama al Congreso que legisle en este sentido y deje claro que el uso de la fuerza debe ser “un último recurso, no una táctica a la que los agentes pueden recurrir”. La media está incluida en la legislación aprobada en marzo en la Cámara de Representantes, como también estaba en la versión del año pasado, bautizada en honor de Floyd, y que quedó paralizada ante la falta de apoyo republicano.
Es necesario supervisar y exigir responsabilidades a los departamentos policiales, apunta Smith. “Antes pensaba que si cambiabas la mentalidad de la gente, su conducta cambiaría. Ahora creo que si forzamos a los agentes a tratar a las comunidades de color de forma digna y justa, su actitud cambiará”. No basta con que los agentes “rindan cuentas por disparar a alguien sin razón”, resume. Lo que hay que cambiar “la experiencia diaria que tienen con las fuerzas del orden, que es lo que lleva a que algunas situaciones se vayan de las manos”.
Lo que se ha hecho hasta ahora, opina Smith, son medidas con las que los políticos pueden demostrar que están respondiendo a las protestas pero no se está yendo a las raíces del problema, que solo se puede abordar desde el diseño de las políticas públicas. “No pensar en cómo se arresta a alguien sino en cómo se crea barrios sanos para todos, con acceso a vivienda, empleo y entretenimiento, por ejemplo. Entornos seguros para todos, no solo para algunos”.
Cambios, en definitiva, que puedan ofrecer una vida diferente a niños como Gianna, la hija de Floyd.
Desde la muerte de Floyd, los estados y ciudades han aprobado 140 reformas
“No se trata de pensar en cómo arrestar a alguien sino en cómo crear barrios seguros”