El Tribunal de Cuentas revisa la gestión del agua de Colau
La Sociedad General de Aguas denuncia irregularidades en ayudas a entidades afines y favorables a municipalizar el servicio
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Sociedad General de Aguas de Barcelona contra la alcaldesa Ada Colau y varios concejales del Ayuntamiento por las subvenciones otorgadas a varias asociaciones afines con el objetivo de impulsar la remunicipalización del abastecimiento de agua que consideran pueden haber provocado un menoscabo de las arcas públicas de 875.000 euros. La acusación, además de contra la alcaldesa, también se dirige contra el concejal Eloi Badia; la interventora adjunta del Ayuntamiento, Teresa Llor, y el gerente de Ecología Urbana, Jordi Campillo.
La denuncia, que fue avanzada ayer por El Mundo y que fue presentada el pasado 20 de enero, ha sido aceptada por el organismo contable, aunque ello no supone la apertura automática de una investigación. El texto señala que los responsables municipales podrían haber incurrido en irregularidades contables al haber destinado fondos municipales para financiar actividades para impulsar la gestión directa del suministro de agua a pesar de que el Ayuntamiento carece de competencias para ello siendo el Área Metropolitana de Barcelona
el organismo responsable.
Los denunciantes aseguran que las subvenciones financian entidades que contribuyen a crear un clima “de acoso” contra la actual prestataria del servicio. “Con el fin de conseguir que en Barcelona ese servicio sea prestado directamente por el Ayuntamiento se están llevando a cabo actuaciones ilegales con el concurso de distintas asociaciones aparentemente independientes pero que son financiadas precisamente por el Ayuntamiento para ayudar a crear un clima denigratorio en perjuicio de la sociedad mixta que presta el servicio metropolitano del agua”, reprochan los denunciantes. Según recoge la denuncia, los responsables municipales “llegaron a ignorar distintos informes emitidos por los servicios jurídicos del Ayuntamiento que reconocieron que la competencia sobre el servicio del Ciclo Integral del Agua correspondía al AMB y no al Ayuntamiento de Barcelona”.
El organismo aprecia irregularidades en el encargo de informes jurídicos y planes de trabajo para encarar la transición hacia la gestión pública del agua de Barcelona. Se hace referencia a la contratación de Barcelona Regional y la Agència del Desenvolupament Urbà por un importe de casi 500.000 euros para realizar estudios sobre el servicio de abastecimiento de agua, lo que para los denunciantes supondría
La denuncia cuestiona los fondos destinados a entidades afines y cifra en 875.000 euros el dinero no justificado
“una duplicidad en el gasto público” puesto que la AMB ya se encarga de esto. Además, también señala como gastos impropios los recursos destinados a la consulta ciudadana sobre la gestión del agua, que estaba valorada en 15.000 euros pero que no se acabó celebrando. Y consideran “desproporcionadas” las subvenciones otorgadas a varias asociaciones vinculadas con algunos miembros del Consistorio, en concreto entidades que se adhirieron a la iniciativa de recogida de firmas para la gestión pública del agua que, según los denunciantes, recibieron más de 6 millones de euros. Los vínculos a los que aluden en la denuncia hacen referencia sobre todo a Eloi Badia, que “se halla estrechamente vinculado a las plataformas Aigua és vida y Enginyers Sense Fronteres, en las que milita desde antes de acceder al Ayuntamiento como concejal” y que percibieron importantes subvenciones e impulsaron “ataques denigratorios a la legítima concesionaria del servio de aguas”.