Bruselas necesita más tiempo para los fondos
La Comisión Europea asume que varios países no cumplirán el plazo del 30 de abril
La Comisión Europea ve el límite del 30 de abril para la entrega de los planes nacionales de recuperación demasiado ajustado. A su juicio, la complejidad implicará retrasos.
Bruselas prima la calidad a la rapidez. No urge para la entrega de los planes de recuperación o, para ser precisos, apremia más a cumplimentar la prolija lista de hitos y objetivos de acuerdo con las instrucciones de la normativa antes que a respetar la fecha límite de entrega del 30 de abril. En el fondo, da por hecho que varios países no cumplirán este límite, y que tardarán varias semanas más en aportar su documentación completa.
Es un posicionamiento flexible que no coincide plenamente con el de los países del sur, que están acelerando para presentar los planes durante este mes, al mismo tiempo que presionan a la Comisión Europea para que, cuando les lleguen, los evalúen sin agotar los dos meses de tiempo que les otorga el reglamento. Dado que llevan desde octubre negociando los proyectos de forma informal, estos países no entenderían que, al menos en lo que a ellos respecta, se necesite agotar el plazo. Es el caso de España, Portugal, Grecia y Francia, que tienen los planes más adelantados.
“Para nosotros, la calidad es la prioridad”, dicen los portavoces de la Comisión Europa, que consideran que esta calidad es la garantía de obtener posteriormente una valoración positiva del plan, y recuerdan que, aunque se fija como fecha de entrega final de abril, es una regla general, y que algunos estados miembros necesitarán más tiempo. Consideran que lo que se les está pidiendo es una tarea objetivamente difícil, dado que hay que planificar con detalle las reformas y las inversiones para los próximos seis años.
En el caso español, la vicepresidenta Nadia Calviño dijo la semana pasada que quedaban por cerrar detalles laboriosos, apuntando más a complementos de información que no a dificultades serias de contenido. En realidad, es probable que en los temas críticos en el caso español, como son la reforma del mercado laboral y la sostenibilidad de las pensiones, no se presenten planteamientos cerrados apoyándose en el argumento de que están en negociación con los agentes sociales.
Hasta el momento, las reacciones en Bruselas siempre han sido positivas respecto a las negociaciones con España, pero también dejando claro que habría examen a fondo de la realización de estas reformas. Además, se puede esperar también que aparezcan intentos de supervisión de Holanda y otros países a los que más costó convencer hace casi un año cuando se aprobó el fondo.
Una vez se presenten los planes, la Comisión Europea tiene dos meses de tiempo para aprobarlos, un plazo que España y otros países van a presionar para que se reduzca, y posteriormente, debe avalarlos una mayoría cualificada de los 27 estados miembros.
Sin embargo, no solo de la aprobación de los planes depende que lleguen los pagos. Hay otro factor decisivo y mucho más imprevisible, como es la ratificación de la decisión de Recursos Propios. Es la medida que permitirá aumentar el techo de gasto de los presupuestos europeos, que deben servir como garantía para que la Comisión Europea
“La calidad es la prioridad”, dice la CE mientras que España presiona para una aprobación rápida
vaya a los mercados a buscar los 800.000 millones de euros (750.000 millones en precios de 2018) del fondo de recuperación. Un proceso ya completado por 17 de los países, pero con 10 aún pendientes de finalizar el proceso. Los principales interrogantes llegan de Alemania, pendiente de un recurso al tribunal constitucional, y de Polonia, por la oposición del socio menor de la coalición de Gobierno.
Mientras, la Comisión Europea ya adoptó su estrategia de financiación. “Tan pronto como la Comisión esté legalmente habilitada para pedir prestado, estaremos listos para ponernos en marcha”, dijo el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, cuando presentó sus planes para pedir prestados unos 150.000 millones de euros al año entre 2021 y 2026. La atención se centra en saber cuándo llegarán los primeros desembolsos, el 13% del total que se activa al aprobar el plan. En el caso español, unos 10.000 millones de transferencias.
El escenario más optimista lo sitúa en julio, pero para ello tendrían que cumplirse todos los requisitos sin retraso alguno.