Mandos paralelos
Las esferas de poder alrededor del Govern han proliferado en los últimos años en Catalunya al amparo del proceso soberanista
Las últimas legislaturas están transcurriendo en Catalunya en medio de la excepcionalidad política y la anormalidad democrática. Unas circunstancias que han dado pie a situaciones extrañas y han llegado a fomentar la aparición de resortes o esferas de poder alrededor del Govern de la Generalitat con la intención de influir en su funcionamiento. Se trata de una especie de entes con vocación de mandos paralelos, pensados para condicionar la estrategia de las instituciones catalanas, que no suelen contar con ningún anclaje oficial, pero que, al amparo del proceso soberanista, se han hecho un hueco en la escena política.
Es el caso del llamado estado mayor del proceso que se formalizó el 2017 durante la presidencia de Carles Puigdemont, del Consell per la República que se constituyó el 2018 durante la de Quim Torra o de un renovado estado mayor dentro de un reformulado Consell per la República que el candidato de ERC, Pere Aragonès, ha propuesto a Jxcat para conseguir que le invista presidente, junto a tres comisiones para monitorizar el cumplimiento del pacto entre ambos. Pero, ¿qué son en verdad todos estos instrumentos?, ¿tienen realmente algún poder?, ¿su capacidad de actuación es real o puramente ficticia?, ¿qué incidencia tienen en la práctica?
Es difícil dar una respuesta única, porque la influencia de todos estos mecanismos diseñados para incidir de una manera u otra en la marcha del Govern no ha sido la misma. El que más ha intervenido en el desarrollo del proyecto político ha sido, sin duda, el conocido como estado mayor del proceso. En abril del 2017, el PDECAT y ERC –que gobernaban en coalición– y las entidades soberanistas decidieron crear un órgano al margen del Govern para preparar el camino hacia el referéndum del 1-O (entonces aún no se conocía la fecha). Puigdemont había superado la cuestión de confianza y había conseguido que la CUP aprobara los presupuestos, pero las relaciones entre los socios pasaban por su momento más bajo y el proceso soberanista estaba encallado. Hacía falta, por tanto, un instrumento que dinamizara la situación y que, a la vez, llevara a cabo todos los pasos que el Govern no podía dar para no contravenir la Constitución.
Así nacía este mando unificado, a modo de poder en la sombra, formado en su núcleo duro por siete nombres: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Artur Mas.
Hasta treinta o cuarenta personas, sin embargo, pudieron llegar a participar alguna vez en sus reuniones, que tenían lugar en domicilios particulares y restaurantes o hasta en la Casa dels Canonges, entre ellas Joan Puigcercós, Xavier Vendrell, David Madí, Oriol Soler o Lluís Llach (algunos investigados y detenidos por la Guardia Civil en octubre del 2020 en el marco de la operación Voloh). El estado mayor, en el que no se encontraba la CUP, aunque estaba informada de todo, se encargó de los preparativos del 1-O, pero con tal hermetismo, a fin de no dar más pistas de las necesarias a los poderes del Estado, que no todos los miembros del Govern tenían toda la información sobre los pasos a seguir. Una falta de confianza que tuvo mucho que ver en los cambios en el Govern que Puigdemont efectuó durante el mes de julio. El 1-O acabó su cometido, básicamente porque quedó claro que la hoja de ruta no tenía nada previsto para el día después y los siguientes.
Un caso muy distinto es el del Consell per la República. Fruto de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, fue ideado como parte del pacto entre Jxcat y ERC como un gobierno alternativo en el exilio que daría desde el exterior los pasos hacia la república catalana surgida del 1-O que el Govern no podía dar desde el interior. Y por este motivo el nombre inicial era el de Consell de la República. Pero pronto se vio que aquello discurriría por otros derroteros. Cuando nació, en octubre del 2018, lo hizo con el apoyo del Govern, pero constituido como una entidad privada bajo jurisdicción belga que tenía por nombre Consell per la República. La preposición había cambiado, y con ello su significado y su contenido político.
En este contexto, la incidencia real que ha tenido el Consell per la República en el Govern ha sido nula. Más allá de los viajes sobre todo en los primeros tiempos de
Torra a Bélgica para entrevistarse con Puigdemont, la entidad ha derivado en caja de resonancia de la actividad del 130.º presidente de la Generalitat, desde su residencia en Waterloo, bautizada como Casa de la República. El órgano de dirección lo forman principalmente representantes de Jxcat y su órbita –además de las entidades soberanistas–, lo cual ha provocado que haya acabado cuestionado por ERC y la CUP por falta de transversalidad.
De ahí que la propuesta de Aragonès pase ahora por instaurar un nuevo estado mayor dentro de un Consell per la República equilibrado entre todas las fuerzas políticas que lo integren y cuya misión principal sería diseñar una alternativa si la mesa de negociación con el Gobierno español, en los dos años de plazo que se le concedería, fracasa. Habrá que ver cómo y en qué se concreta, al igual que habrá que ver cómo quedan las tres comisiones de coordinación puestas sobre la mesa por el candidato de ERC y en las que intervendrían no solo miembros del Govern, sino también de los partidos que lo formen y de los respectivos grupos parlamentarios: una primera para velar por la acción legislativa, una segunda para conjugar la acción ejecutiva y la legislativa, y una tercera encargada de escrutar el cumplimiento del pacto.
Junto a estas esferas de poder, el propio Govern había propiciado con anterioridad que surgieran otras, de carácter eminentemente simbólico, que trascendieran su ámbito de actuación. Fue el caso del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que se constituyó en junio del 2013, durante la presidencia de Artur Mas, encabezado por Joan Rigol, y cuyo objetivo fue aglutinar apoyos para la consulta del 9-N del 2014. Y también del Pacte Nacional pel Referèndum, puesto en marcha en diciembre del 2016, ya con Puigdemont de presidente, liderado por Joan Ignasi Elena, y con el propósito de recabar apoyos en esta ocasión para la celebración de un referéndum de autodeterminación.
La conclusión vistos los distintos círculos de poder que han proliferado en los últimos años alrededor del Govern es que el soberanismo ha tenido necesidad de ir más allá bien por la desconfianza hacia las instituciones autonómicas, bien por la certeza de que su margen de actuación es limitado. Y todo apunta a que lo continuará haciendo.
Mientras que el llamado estado mayor diseñó el 1-O, la influencia del Consell per la República ha sido nula
Los pactos nacionales han sido otros instrumentos con una autoridad más ficticia y simbólica que real