Europa pide otra vez renovar el CGPJ

Causa bochorno en toda España la injustificable demora de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró en un lejano mes de diciembre del 2018. Y causan un bochorno de dimensión continental las reiteradas advertencias comunitarias al Gobierno español para que cumpla con esta obligación sistemáticamente pospuesta. Si a finales de septiembre del año pasado la Comisión Europea (CE) reprochó a España, en el marco de la evaluación de los estados de derecho europeos, la muy aplazada renovación del órgano de gobierno del estamento judicial, ayer volvió a pronunciarse en el mismo sentido. Más aún: sugirió una futura fórmula al respecto, por la que se concedería a los propios jueces un 50% de las elecciones de altos cargos judiciales, profesionalizándolas en parte, en detrimento del albedrío de los partidos políticos. He aquí una prueba clara de la medida en que Bruselas censura la tardanza española a la hora de cumplir el mandato renovador del CGPJ que pide la Constitución.

Es verdad que esta noticia trascendió un día después de que Bruselas avalara la reforma que reduce las competencias del poder judicial; es decir, la imposición de un límite a los poderes de un CGPJ en funciones, y entre ellas la de poder seguir haciendo nombramientos en el seno de la carrera judicial cuando tiene el mandato caducado. Al tiempo, la CE recordó que todo cambio legal requería “amplias mayorías”, en lo que parecía una clara alusión al plan del PSOE y UP, ya desestimado por los socialistas, pese a la resistencia de los morados, de legislar variando ciertas cuotas para así superar el bloqueo impuesto por el PP a la renovación del poder judicial.

Tiene sentido que la Comisión Europea intervenga como lo ha hecho. Porque la no renovación del CGPJ clama al cielo. Y porque tiene varios responsables, alguno de los cuales ha actuado expresamente para frenarla y, de facto, impedirla hasta la fecha. Nos referimos al PP, primer beneficiario de esta no renovación, con la que consigue mantener una posición de privilegio en el alto organismo judicial, pese a que no le corresponde ya, puesto que el reparto de escaños parlamentarios no es hoy el que regía en la época en la que Mariano Rajoy era presidente del gobierno. Esa situación, que fue legítima hace unos años, es ahora totalmente irregular. Y más lo es desde que el líder popular Pablo Casado trató de justificar su obstruccionismo afirmando que no podía hacer otra cosa mientras UP formara parte del Gobierno. Como si la presencia de los morados en el Ejecutivo fuera impropia o contraviniera las reglas democráticas. El PP es, por tanto, responsable de esta no renovación. Como lo es, en otra medida, el PSOE, que no ha sabido negociar con los conservadores para que se cumpliera lo que marca la Constitución. Y como lo son también los miembros del CGPJ a los que les parece correcto seguir tanto tiempo en sus puestos cuando la Carta Magna establece lo contrario.

Hay cierto consenso, y el PSOE no es ajeno a él, sobre que tampoco este es el momento para proceder a la tan dilatada renovación. Estamos en la primera semana de la campaña del 4-M y a nadie parece apremiarle materializar ahora tal renovación, de modo que parece natural posponer las negociaciones hasta pasada dicha convocatoria electoral. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿deberíamos seguir esperando más aún si se adelantaran otras elecciones autonómicas, como por ejemplo las andaluzas, posibilidad de la que se ha hablado en fechas recientes? Y también: ¿es mucho pedir que renovaciones como la del CGPJ se produzcan en la fecha que les corresponde según la ley, independientemente del calendario electoral en marcha en ese momento?

Produce cierto sonrojo insistir en este asunto, cuya irresolución daña, ante todo, el buen nombre del estamento judicial. Pero mientras siga pendiente, es obligado hacerlo.

La Comisión Europea señala a España reformas

en el órgano rector del estamento judicial