Anulada la multa por la muerte de la anciana que se alumbraba con velas
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado la multa de 500.000 euros impuesta a Gas Natural por la muerte de una anciana en Reus (Baix Camp) en un incendio (2016) originado por una de las velas que usaba la víctima para alumbrarse después de que la compañía le cortase la luz por una deuda de 246 euros. La Generalitat impuso la sanción en 2017 al entender que la “obligación” de la empresa era “pedir un informe a los servicios sociales municipales antes de hacer un corte de suministro” a la fallecida, de 81 años, víctima de la pobreza energética.
Tras saberse ayer que el TSJC había fallado a favor de Gas Natural, la Generalitat explicó que recurrirá la decisión ante el mismo alto tribunal catalán.
El TSJC ha dado la razón a Gas Natural a pesar de que la Llei de Pobresa Energètica de la Generalitat obliga justamente a las compañías de suministro a comunicar la interrupción del servicio por impago a los Servicios Sociales para evitar los cortes a personas sin recursos. La sentencia, que no es firme, argumenta que por aquel entonces –el incendio mortal se produjo la noche del 14 de noviembre de 2016– no se había desplegado todavía el reglamento de la citada legislación.
Fue la Agència Catalana del Consum la que sancionó a Gas Natural por una infracción considerada como “muy grave”.
El Departament d’empresa sostiene que el artículo 6.4 de la Llei 24/2015, con medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, establece “una obligación legal clara y concisa” cuando exige a las empresas que deben de solicitar el informe a los servicios sociales municipales antes de interrumpir el suministro. La obligación, según entiende la Generalitat, no exige “ningún desarrollo reglamentario, protocolo, acuerdo o convenio”. Justo lo contrario que ha determinado el TSJC.
El Departament d’empresa sostiene que el desarrollo de un protocolo, acuerdo o convenio sí es necesario para activar las ayudas para las familias vulnerables, pero no para hacer cumplir la obligación legal del artículo 6.4; antes de cortar la luz, la compañía debe comunicarse con los Servicios Sociales, solicitando un informe del abonado afectado. La Generalitat añade que la obligación legal es “plenamente vigente y constitucional y, por lo tanto, de aplicación directa”.
Tras conocerse la decisión del TSJC anulando la sanción a Gas Natural, l’aliança contra la Pobresa Energètica cargó contra la sentencia por entender que “refuerza la impunidad” de las grandes compañías. La entidad recuerda, a pesar del varapalo judicial, que la Llei de Pobresa Energètica aprobada por el Parlament sigue plenamente vigente, por lo que las compañías deben de seguir comunicando a los servicios sociales municipales que hay un impago antes de cortar el suministro eléctrico y garantizar el suministro si se trata de familias en situación de vulnerabilidad.