Sánchez prioriza la renovación del CGPJ ante la demanda de Bruselas
El Gobierno defiende la elección de vocales por las Cortes pese al reclamo de la UE
Tras el último intento fallido de febrero, Pedro Sánchez y Pablo Casado mantienen aparcada hasta las elecciones madrileñas del 4-M toda negociación para lograr desencallar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó ya hace más de dos años. Pero, entre tanto, el nuevo tirón de orejas para ambos por parte de Bruselas, y las explícitas recomendaciones de la Comisión Europea, son esgrimidos por el presidente del Gobierno y por el líder del Partido Popular para reafirmar sus contrapuestas posiciones. Así, Casado se colgó ayer la medalla de que el Gobierno entierre definitivamente la reforma registrada para rebajar las mayorías parlamentarias para designar a los vocales del Poder Judicial y coincidió con la demanda europea de que la mitad del órgano de gobierno de los jueces sea elegido por los propios magistrados en favor de la independencia judicial. Y Sánchez suscribió y antepuso el reclamo europeo para renovar el CGPJ con urgencia.
El presidente del Gobierno, anoche tras la cumbre iberoamericana celebrada en Andorra, señaló que, por su parte, que no hace falta esperar al 5 de mayo para retomar las negociaciones, y que ya la semana pasada le volvió a tender la mano a Casado para acordar esta renovación. “Dado que el PP se autocalifica como un partido constitucionalista, que cumple con lo que manda la Constitución, termine este bloqueo que obedece claramente a unos intereses partidistas y no al fortalecimiento de una institución tan importante”, demandó.
El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, antepuso ayer la renovación del CGPJ a cualquier otra reforma judicial además de las que ya está impulsando para la eficiencia procesal, organizativa y digital. Pero también defendió el actual modelo de elección de vocales por el Parlamento. “Lo que tengo muy claro es que Europa está dando un mensaje: renueven el Consejo General del Poder Judicial”, advirtió. Esa, insistió, es la prioridad a la que urgió al PP. “Es importante la renovación porque es importante que se cumpla la Constitución”, insistió desde Pamplona. El ministro volvió a denunciar que la formación de Casado “es constitucionalista a tiempo parcial”. “Siempre con una excusa”, reprochó. “No vale arroparse con la patria, con el Estado, pero después no fortalecer sus instituciones”, criticó.
Campo defendió como “un paso más” para lograr el pacto con el PP
la retirada de la reforma para rebajar las mayorías parlamentarias para designar a los vocales del CGPJ, una iniciativa que no obstante era jurídicamente cuestionada incluso por algunos ministros socialistas, al admitir que era “un obstáculo” para el consenso. Y consideró un “elemento incentivador para el pacto” la reforma aprobada para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado, esta sí avalada por Europa.
El ministro insistió en que el acuerdo con el PP “está completamente hecho, lo único que queda es oficializarlo”. En las negociaciones de febrero, el Gobierno llegó a asumir la retirada de una de las vocales propuestas de Unidas Podemos, la juez Victoria Rosell, pero mantuvo la del magistrado José Ricardo de Prada al asegurar que no se le podía atribuir ningún perfil político, aunque la derecha le acusó de ser el detonante de la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy por la sentencia de la trama Gürtel. “Esperemos que el PP se decida ya y no tenga una excusa nueva para no renovar”, conminó Campo.
El titular de la cartera de Justicia también defendió el actual sistema de designación de los vocales del CGPJ en las Cortes, pese a que también algunas asociaciones judiciales reclaman la elección por parte de los propios jueces. “Yo creo en la doble legitimación, en el pacto de Estado del 2001 por el que el Congreso y el Senado no eligen entre el cuerpo de 5.500 jueces, sino entre los 50 que han elegido los jueces”. E insistió en que los jueces siempre se declaran mayoritariamente “independientes” en el desempeño de sus funciones. “La independencia la tenemos garantizada, lo que está fallando es la percepción y el ruido político muchas veces malintencionado”, advirtió.
Por su parte, la carrera judicial aplaude la retirada de la reforma de la ley para modificar las mayorías en los nombramientos de los vocales del CGPJ. Después de que tres asociaciones de jueces, que representan a 2.500 miembros de la carrera, acudieran a Europa para denunciar lo que está ocurriendo en la justicia española, ven con satisfacción el toque de Europa sobre el intento de PSOE y Podemos de llevarla a cabo. Aunque la progresista asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) no apoyara el movimiento de las otras tres de acudir a Europa, todas ellas están de acuerdo en que ahora la prioridad es que los principales partidos políticos logren un consenso para renovar el órgano de los jueces, en funciones desde hace más de dos años.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) alerta que si la situación de bloqueo continúa como hasta ahora se puede correr el riesgo de abocar a la justicia a una situación de parálisis. La razón es la reciente reforma de la ley que regula el CGPJ que prohíbe al órgano, mientras se encuentra en funciones, seguir haciendo nombramientos dentro de la cúpula de la carrera judicial. Esto va a llevar a que los tribunales cada vez tengan menos miembros y provocará un empeoramiento del funcionamiento de la administración de justicia.
Desde JJPD también son muy críticos con la situación de bloqueo, a su juicio, provocado por el PP por intereses partidistas. Consideran que los partidos están incumpliendo un deber constitucional de renovar el CGPJ cada cinco años, en lo que llevan más de dos años de retraso. “Criticamos a los políticos por no llegar a un acuerdo y contribuir a la degradación del órgano del gobierno de los jueces”, advierten.