Los expertos creen que el nuevo marco legal deja demasiados cabos sueltos
Ni se define qué es una inteligencia artificial ni con qué datos se pueden entrenar
Hace tiempo que los aspectos legales y éticos de la inteligencia artificial (IA) se debaten entre aquellos que defienden la necesidad de regularlos para evitar un mal uso, y los que esgrimen que hacerlo puede suponer un freno a su desarrollo, y que lo que se necesita es que cada vez más gente la use.
Para Elisabet Golobardes, catedrática y profesora de La Salleurl en el ámbito de la inteligencia artificial y ciencia de los datos, “los tecnólogos somos más proclives a pensar en la bondades de la IA que los que no lo son. Por tanto, es bueno escuchar a todo el mundo y ver qué aspectos de la IA pueden resultar un peligro”.
“Pero con un debate constructivo de verdad, sin caer en el alarmismo”, puntualiza Xavier Vilasís, investigador principal del grupo de investigación Data science for the digital society de La Salle-url. “Hay tecnologías, por ejemplo en el campo de la medicina, en las que ni se plantea la necesidad de esta discusión, porque se consideran buenas de por sí. Siempre ha existido el miedo atávico a determinadas evoluciones tecnológicas”, añade Vilasís.
En este sentido, Jordi Torres, científico del Barcelona Supercomputing Center de la UPC, dice que se siente “un poco abrumado por todo lo que somos capaces de hacer gracias a la IA, y lo fácil que puede ser para cualquiera. Tanto como comprarse una cámara y bajarse un código en Github. Tenemos que reflexionar sobre posibles limitaciones éticas al desarrollo de la inteligencia artificial”.
¿Quiere decir esto necesariamente que se haya que crear legislaciones que regulen la IA?
“Toda legislación siempre me da un poco de miedo, pero por otro lado las recomendaciones éticas no siempre van a ser seguidas voluntariamente por todo el mundo”, dice Golobardes.
“Las aplicaciones de IA aumentan la capacidad de las personas y de tratamiento en cosas que ya hace tiempo que se hacen y sobre las cuales ya existen leyes que protegen a los ciudadanos, y por tanto, en este sentido, no deberíamos estar diciendo nada nuevo. Eso sí, necesitamos un mensaje claro”, opina Vilasís.
Y lo que se propone aprobar la UE no lo da del todo, según Elisabet Golobardes: “No define con exactitud qué es la inteligencia artificial, qué algoritmos se consideran sujetos a la legislación, con qué tipo de datos se les puede entrenar, ni cuáles son los agentes responsables.¿aquellos que han diseñado el algoritmo, los que los han implementado o los que los usan? El problema de generalizar estas cuestiones es que quedan demasiadas fronteras abiertas”. “Pero esta es una de la características de Bruselas: dejar las cosas muy abiertas para que todo el mundo se sienta cómodo”, señala Vilasís.
En general, “la UE ha seguido el mismo enfoque de regulación de la tecnología y la salvaguarda de los derechos de las personas que inició con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), con la introducción de obligaciones específicas reforzadas para los usos de la IA que se consideran potencialmente peligrosos”, explica Albert Agustinoy, socio de Propiedad intelectual e industrial, medios y protección de datos y tecnologías de la información del bufete Cuatrecasas.
“La cuestión es que se refiere a estos servicios con una definición muy abierta y no se sabe exactamente a qué se refiere. Por otro lado, limita mucho más las aplicaciones de la IA al sector privado que a los gobiernos y autoridades, a quien da una posibilidad de uso con más control”, asegura Albert Agustinoy.
Esto último, además de obligar a un ejercicio de transparencia al que los gobiernos no siempre están acostumbrados, da la sensación de que sigue la línea emprendida por Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de tratar de parar los pies a las grandes tecnológicas.
La Comisión quiere limitar mucho más el uso de los algoritmos al sector privado que a los gobiernos