Un juzgado investiga a la SEPI por Plus Ultra
Una magistrada abre diligencias por el rescate de la aerolínea
Un juzgado madrileño ha decidido iniciar una investigación a los máximos responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), concretamente a quien fuera su presidente, Bartolomé Lora, y a los miembros del consejo de administración que aprobaron el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.
La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha abierto diligencias por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Lo hace después de admitir a trámite una denuncia del sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, se encuentra actualmente sentado en el banquillo de los acusados por utilizar su organización, junto a Ausbanc, para extorsionar a empresas bajo la amenaza de denuncias o querellas.
El auto dictado por la instructora Esperanza Collazos sostiene que los hechos denunciados por este sindicato revisten una “posible existencia de infracción penal”. Por ahora , la magistrada ha optado por no hacer citaciones judiciales a los denunciados y limitarse a reclamar a la SEPI el expediente completo tramitado para la ayuda de la empresa Plus Ultra para revisarlo antes de dar el siguiente paso.
En la denuncia, el denunciante pone el foco tanto en Lora, hoy vicepresidente, como en los miembros del consejo de administración de la SEPI como “cooperadores necesarios”, al tener a su cargo “la administración, dirección y gestión” de este organismo y administrar el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, de 10.000 millones, del que se ha beneficiado Plus Ultra.
La denuncia presentada argumenta que la aerolínea no debía ser destinataria de esas ayudas al no cumplir con los requisitos fijados por la Unión Europea. Entre otras cosas, porque opera “con el 0,03% de los vuelos en España” y ha registrado “números rojos desde que se fundó en 2011”. Además, advierte que tiene pérdidas de diez millones de euros y “solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad”.
La aerolínea se defendió en un comunicado indicando que “ha sido totalmente transparente con los datos, procesos y requerimientos de la SEPI para acceder a la ayuda temporal que se le ha concedido”, con el veredicto positivo de entidades independientes como el banco de inversiones Daiwa, la consultora Deloitte o la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Asimismo, se apunta que se contó con PWC para elaborar el corporate review en el que se recogía la información requerida por la SEPI para acceder a las ayudas. “Estamos absolutamente tranquilos con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento
La entidad estatal defiende que cumplió “escrupulosamente” con todos los requisitos para conceder la ayuda
de los requerimientos establecidos por la SEPI en todos y cada uno de los puntos de tales requerimientos”, afirma.
La compañía se abre a colaborar “plenamente” con el convencimiento “de la correcta actuación de la SEPI y de la compañía en la tramitación y resolución del expediente del apoyo financiero”. La concesión de esta ayuda provocó una tormenta política que llegó hasta la Comisión Europea, donde PP y Ciudadanos presentaron iniciativas en su contra. Los populares incluso solicitaron la activación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.