Sin permiso para matar
Francia se ve forzada a cambiar la ley ante las protestas por un crimen antisemita
AFrancia, que alberga la comunidad judía más numerosa de Europa y conserva en su memoria histórica el célebre caso Dreyfus y las persecuciones durante el régimen de Vichy y la ocupación alemana, le han faltado reflejos para evitar la impunidad por un execrable crimen antisemita cometido en el 2017. Ni el Gobierno ni el Parlamento supieron reaccionar a tiempo para impedir que los franceses de religión hebrea –y muchos otros ciudadanos sensibles– sintieran que se ha cometido una gran injusticia.
El domingo pasado, justo el mismo día en que miles de personas se manifestaban en París y en otras ciudades como Marsella, Burdeos o Estrasburgo para protestar por el caso de Sarah Halimi, el ministro de Justicia, Eric Dupond-moretti, anunciaba la próxima presentación de un proyecto de ley que haga más difícil exonerar a un asesino como el que segó la vida de la sexagenaria médica judía hace cuatro años. El hecho de estar bajo el efecto de las drogas no debe suponer automáticamente quedar eximido de responsabilidad penal.
Los hechos, brutales, sucedieron en la madrugada del 4 de abril del 2017 y se produjeron en el contexto de la ola de atentados yihadistas que había golpeado Francia desde enero del 2015 y de una serie de ataques antisemitas que se solaparon con la ofensiva terrorista o la precedieron. Un joven originario de Mali, Kobili Traoré, gran consumidor de cannabis y con múltiples antecedentes y condenas, penetró en el piso de su vecina judía, la golpeó con saña y la lanzó por el balcón al grito de “¡Alá es grande!” o “¡He matado a Satanás!”.
Los peritajes psiquiátricos concluyeron que Traoré actuó bajo “un arrebato delirante”, por efecto de la droga, lo cual no le permitió tener conciencia de lo que hacía. Eso impidió que fuera juzgado. Tras una larga guerra jurídica, el Tribunal de Casación –equivalente al Supremo en España– ratificó el pasado 14 de abril que no procedía realizar un juicio por la perturbación mental del autor del crimen.
Ante la respuesta indignada de la comunidad judía y de políticos de diversas tendencias, el propio presidente de la República, Emmanuel Macron, se vio obligado a tomar cartas en el asunto, instando a un pronto cambio de la ley para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Según el ministro Dupont-moretti, el proyecto de ley se presentará a finales de mayo. “Esta historia trágica que nos ha marcado a todos hará avanzar nuestro derecho”, señaló el titular de Justicia. Dupont-moretti advirtió, sin embargo, que la nueva legislación establecerá garantías para que no haya abusos en sentido contrario. “Francia no juzgará jamás a los locos”, puntualizó.
“La droga no puede ser un permiso para matar –declaró el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal–. Así que, en efecto, hay que cambiar la ley”. La irresponsabilidad penal por el consumo de estupefacientes en asesinatos tan brutales como el de Halimi “es algo totalmente inaceptable”, según el portavoz. “Este caso provoca una emoción extremadamente fuerte en todos los franceses”, agregó Attal.
Le Figaro recordó ayer que el Gobierno no se tomó en serio el asunto y ha ido a remolque de los acontecimientos. El diario citó el testimonio de la senadora centrista Nathalie Goulet, quien hace ya 15 meses, en enero del 2020, propuso una modificación en la responsabilidad penal que no llegó a plasmarse. Uno de los argumentos de Goulet era el derecho comparado, como la situación en Alemania y Francia, donde un estado ebrio voluntario o el consumo de droga no significa impunidad. Si se hubiera hecho la reforma se habría evitado el escándalo y un agravio más a una comunidad judía siempre inquieta por las amenazas latentes.
“Esta historia trágica nos ha marcado a todos y hará avanzar nuestro derecho”, dice el ministro de Justicia