Catalunya estudia abrir para cenar y mantener el toque de queda
El Govern busca la fórmula legal para prorrogar el confinamiento nocturno cuando finalice el estado de alarma el 9 de mayo
Las restricciones que afecten a derechos fundamentales deberán validarlas los tribunales
El 9 de mayo se pondrá punto y final al actual estado de alarma, decretado el 25 de octubre del 2020 y ampliado poco después por un periodo de 6 meses. El Gobierno cerrará el principal paraguas jurídico para el control de la pandemia y las autonomías preparan, con incertidumbre, el nuevo escenario, en el que asumirán la responsabilidad de las restricciones.
El País Vasco (el territorio actualmente más afectado por la pandemia) y Castilla y León pidieron ayer una prórroga del estado de alarma –que no tendrá lugar– mientras Catalunya trabaja en medidas aperturistas que afectan a la restauración y en una reforma legislativa que refuerce las tesis de las autoridades sanitarias a la hora de implantar decisiones que impliquen restricciones en los derechos fundamentales, como el toque de queda.
El Govern anunciará hoy las reformas en las actuales restricciones, vigentes hasta el 3 de mayo. Las decisiones vienen muy marcadas por una situación epidemiológica que provoca desconfianza en tanto se mantiene estable sin presentar una tendencia a la baja a la espera de los efectos del creciente ritmo de vacunación. En este contexto no se plantean grandes cambios en un plazo inmediato, pero permanece sobre la mesa la idea de permitir la apertura de bares y restaurantes para el servicio de cenas, vetado desde hace cuatro meses. El Procicat
El Govern ya retocó en julio la ley de Salut Pública para subrayar sus competencias en implantar restricciones
País Vasco y Castilla y León, entre otras, piden la prórroga del estado de alarma, que no tendrá lugar
se decanta por esta postura aperturista, que también podría implicar un retraso de una hora, hasta las 11 de la noche, en el horario de inicio del toque de queda. Son medidas sujetas a la evolución de los datos epidemiológicos cuya aplicación se plantea a medio plazo, no antes del 9 de mayo.
Esta fecha está marcada en rojo en las agendas de los dirigentes autonómicos. Y de los jueces. Finiquitado el estado de alarma, las comunidades y los jueces tomarán las riendas del control del coronavirus. En este sentido, la Generalitat prepara un decreto de modificación de la ley de Salut Pública a fin de reforzar su posición ante los tribunales a la hora de implantar medidas como el toque de queda o los confinamientos perimetrales. Porque la limitación de la movilidad nocturna, la medida estrella del estado de alarma, seguirá siendo fundamental para las autoridades sanitarias catalanas a partir del 9-M.
Con este retoque, que deberá ser validado por el Parlament, el Govern pretende ganar seguridad jurídica ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el órgano que deberá validar cualquier medida que suponga una
restricción en los derechos fundamentales. Con motivo de la extinción del primer estado de alarma, el Govern ya modificó en julio la ley de salud introduciendo que, en situaciones de pandemia declaradas, “las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales” a partir de un informe del director de Salut Pública. También agregó: “El establecimiento de las medidas mencionadas deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta siempre la menor afectación a los derechos de las personas, y siempre que sea posible, deberán ajustarse territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad”.
En cualquier caso, la modificación legislativa no evitará que las decisiones del Govern pasen por el cedazo del TSJC. No hay otra opción, explica el ex juez Francisco Béjar, secretario de la sección de Derecho Constitucional del Col·legi de l’advocacia de Barcelona: “Lo que no puede faltar es la autorización o ratificación judicial de estas medidas porque no todo el mundo puede restringir derechos fundamentales. Se puede acordar un toque de queda en el marco del estado de alarma. Fuera de eso se pueden seguir tomando medidas incluso restrictivas de derechos fundamentales. Lo que no puede ser que las administraciones públicas empiecen a restringir derechos fundamentales sin tener el control judicial”.
La clave del buen funcionamiento de las medidas de control de la pandemia sin el hermano
mayor del estado de alarma reside en una buena argumentación de las propuestas por parte de las autoridades sanitarias. Y aún así pueden darse disfunciones. “El problema cuando hay intervención judicial es que un juez puede valorar de una manera y otro de otra”, indica Béjar. Admite que el papel de árbitros de la pandemia es complicado para los jueces, que han tendido a aceptar los criterios de las administraciones, una tarea complicada para los jueces. “Pero a veces las administraciones se han plantado ante el juez con hechos consumados o sin justificar de manera plena. Si se actúa de modo razonable, la conclusión también tendría que ser razonable”.
También las decisiones consensuadas por los consejeros de sanidad de las autonomías en el marco del Consejo Interterritorial deberán pasar por los togados en tanto se trata de medidas que deberán implementar las diferentes comunidades.
Un experto sostiene que los jueces no darán problemas si las propuestas están bien argumentadas