El Barça reclamó al Govern que no exigiera aval a la nueva junta
Bartomeu envió a la Generalitat un dictamen que asegura que la ley estatal no es aplicable en Catalunya
Josep Maria Bartomeu, el anterior presidente del Barça, denunció ante el Govern, casi dos meses antes de la convocatoria de las pasadas elecciones a la presidencia del club, que la exigencia de un aval económico al ganador, que establece la ley estatal, es ilegal, vulnera las competencias de la Generalitat y es inconstitucional, al quebrantar el derecho de los socios a elegir a cualquiera de entre ellos, así como a la de ser elegidos. Pese a que se produjeron reuniones entre la cúpula saliente del club y los responsables del Consell Català de l’esport y de los servicios jurídicos de la Generalitat, el club no recibió respuesta formal a su denuncia y las elecciones se celebraron, manteniendo vigente la exigencia de que el ganador avalaría el 15% del presupuesto anual del club, 124,6 millones de euros. Algo que debió hacer, no sin ciertas dificultades, Joan Laporta, tras imponerse holgadamente en los comicios celebrados el 7 de marzo.
La carta de la junta, que se reproduce en esta misma página, se envió el 21 de octubre pasado a Gerard Figueras, secretario general de Esport, adscrito al Departament de Presidència de la Generalitat. En ella la secretaria de la directiva azulgrana, Marta Plana, explica a Figueras que el club dispone de un dictamen jurídico en el que se concluye que la disposición de la ley del Deporte de 1990 que “impone un régimen de responsabilidad objetiva por resultados económicos negativos y la aportación de un aval no es aplicable a los nuevos miembros de las futuras juntas directivas del FC Barcelona”. Tras esa conclusión, Bartomeu pedía al Govern que “se manifieste sobre el marco regulador de aplicación”.
El dictamen al que se refiere el documento fue elaborado por el letrado Ignacio Toda, del bufete Toda & Nelo. Toda es un prestigioso abogado del Estado especializado en derecho administrativo y secretario general de numerosas sociedades y consorcios como el consejo del puerto de Barcelona, la Fira o Turisme de Barcelona.
El dictamen de Toda señala que el Estatut de autonomía de Catalunya del 2006 establece en el artículo 134 que “corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de deporte, que incluye, en todo caso, (...) el establecimiento del régimen jurídico de las federaciones y clubs deportivos”. Además, la regulación catalana sobre la
El informe de Toda considera que la ley del Deporte invade lacapacidad reguladora de la administración catalana
responsabilidad económica de los directivos de los clubs establece que solo se produce “por los daños ocasionados y las deudas contraídas por actos dolosos y en casos de negligencia”. Lo que jurídicamente se define como responsabilidad subjetiva. En cambio, la ley española del Deporte establece, solo para las juntas de los clubs que no son sociedades anónimas (Barça, Real Madrid, Athletic de Bilbao y Osasuna), la llamada responsabilidad objetiva, es decir que se produce en cualquier caso y sin que sean necesarios comportamientos imputables a ellos, como el dolo, la culpa o la negligencia.
Por eso, por ejemplo, si la Liga no hubiese suspendido su propia norma durante la pandemia, a causa de la que se cerraron los estadios y los ingresos cayeron en picado, los directivos de los cuatro clubs mencionados habrían sido responsables de las pérdidas y computarían contra el aval. Es una norma que no rige ni para el resto de clubs. Tampoco en el mundo mercantil, el de las sociedades anónimas.
Según el dictamen de Toda, asumido por la junta de Bartomeu, en la práctica se estaría produciendo una invasión de competencias de la Generalitat, con el resultado de transformar la naturaleza jurídica del Barça. El documento abunda, además, que tampoco los estatutos del Barça contemplan la obligatoriedad del aval, ya que en su artículo 48 se recoge el “compromiso de prestar aval si la ley lo exige” y “mientras el ordenamiento jurídico exija este requisito”.
Respecto a la supuesta inconstitucionalidad de la norma, el dictamen argumenta que el “derecho de asociación, como derecho fundamental, está reconocido en el artículo 22.1 de la Constitución“, con el añadido de que la Generalitat dispone de competencia propia de desarrollo a través de su legislación civil propia. Y la norma estatal sobre el aval invade precisamente el régimen jurídico de las asociaciones, recogido en el libro tercero del Código Civil de Catalunya.
Por tanto, al no existir norma legal que pueda imponer el aval –es competencia exclusiva de la Generalitat y la regulación de esta descarta la responsabilidad objetiva– las normas que apruebe el propio club no pueden recortar el derecho constitucional de asociación.
“En otras palabras –se lee en el dictamen– una norma estatutaria de una asociación no puede limitar injustificadamente los derechos constitucionales que están reconocidos a sus propios asociados, como es el derecho a escoger y a ser escogidos como miembro de la junta directiva, porque eso violaría el derecho constitucional de representación”.
La exigencia por escrito del Barça, dio pie a varias reuniones, entre el 21 y el 27 de octubre pasados, en las que participaron el secretario general de l’esport, Gerard Figueras, la abogada jefe de la Asesoría
El Estatut da a la Generalitat competencia exclusiva en materia deportiva y de régimen jurídico de los clubs
La misiva dio pie a varias reuniones entre las dos partes; aunque el Govern no respondió por escrito
Jurídica del departamento de Presidencia, Mercè Nieto, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, la secretaria de la junta, Marta Plana, y los abogados del estado, Ignacio Toda, responsable del dictamen jurídico y el también abogado del estado Josep Maria Coronas.
Al día siguiente de la última reunión, Bartomeu y toda su junta presentaron su dimisión, anticipándose a un posible voto mayoritariamente negativo en la inmediata moción de censura. Entre la carta, el 21 de octubre, y la convocatoria de las elecciones por la junta gestora presidida por Carles Tusquets a mediados de diciembre, el Govern no envió respuesta por escrito. Fuentes próximas a la Generalitat han explicado a este diario que su “asesoría jurídica no compartía el criterio recogido en el dictamen y en cualquier caso, los calendarios eran ya muy apretados y con el Govern a las puertas de convocar elecciones”.