Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el expresident Pujol
La Fiscalía solicita de 8 a 29 años para la familia, salvo Marta Ferrusola, por asociación ilícita
La Fiscalía Anticorrupción va a llevar a juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos y reclamarles diversas penas, todas ellas de cárcel. El expresidente catalán afrontará una petición de nueve años de prisión, tal y como consta en el escrito de acusación que ayer mismo presentó el ministerio público en la Audiencia Nacional. Según la tesis de la fiscal, todo el nucleo familiar, liderado por el matrimonio Pujolferrusola, formaron una asociación ilícita encargada de aprovecharse de la situación como presidente de la Generalitat de Pujol Soley para obtener dinero ilícito que luego se ocultaría en Andorra. Una situación que se habría perpetuado desde los años 90 hasta 2014 y con la que todos los miembros de la familia regularizaron los fondos, tal y como anunció públicamente entonces el propio Pujol, aunque siempre mantuvieron que formaba parte de una herencia del padre del expresident.
La principal novedad del escrito de acusación es que el ministerio público finalmente ha optado por la acusación de asociación ilícita, abandonando así la tesis del juez que instruyó la causa, José de la Mata, que situó a todos ellos dentro de una organización criminal, que lleva aparejadas penas de cárcel más altas.
El peor parado de todos los acusados ha sido el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, para quien se solicitan 29 años de prisión por una larga lista de delitos: asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación en documento mercantil, cinco delitos contra la hacienda pública y otro de frustración de la ejecución. Para su exmujer, Mercé Gironés, se piden 17 años de cárcel por presuntamente participar en varios de los delitos porque, entre otras cosas, dio su nombre en sociedades que se utilizaron para
canalizar esos fondos. Para el resto de los hijos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta reclama ocho años de cárcel, excepto para Josep que pide 14 años de cárcel. Los delitos comunes de los ocho acusados, incluido el expresident, son los de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La fiscal solicita, además, una multa de 38,7 millones de euros, a los que hay que sumar otras cantidades en otras monedas, como son 8,1 millones de dólares; 2,7 millones de marcos alemanes y 95.000 libras esterlinas. Aunque la mujer del Pujol, Marta Ferrusola, forma
parte de los hechos no ha sido acusada después de que el juez haya archivado la causa para ella tras constatar que sufre alzheimer y no están en condiciones de afrontar una acusación.
El escrito de la Fiscalía llega ocho años después de que se comenzara a investigar estos hechos, a raíz de la denuncia de la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, quien dijo ante un juez que había acompañado al hijo mayor de los Pujol a Andorra con bolsas de dinero. Esta declaración ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la defensa de la
familia porque después se conoció que Álvarez fue de la mano del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, detenido en noviembre del 2017 por liderar una organización criminal.
Por parte de la familia Pujol se está intentando demostrar que el origen de la investigación formó parte de las llamadas cloacas del Estado y su operación Catalunya, aunque, por el momento, sus reclamaciones no están siendo atendidas por parte de la justicia. Desde la Fiscalía se cree que ese ori
MARTA FERRUSOLA
El juez ha archivado la causa respecto a la mujer de Pujol por problemas de salud
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La fiscal apunta que Pujol habría obtenido dinero ilícito a cambio de amaños de contratos
gen no afecta a la causa. De hecho, concluye que hay indicios suficientes para sentarles a todos ellos, junto a un grupo de empresarios, en el banquillo de los acusados ante las sospechas de que habrían actuado conjuntamente para “ocultar, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios” de obra pública.
Según la Fiscalía, el expresidente catalán “aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergència Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC”.
Fue el expresidente junto a su mujer quienes planearon, según la fiscal, que los fondos procedentes de la corrupción política se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de la propia Marta Ferrusola y de sus hijos, Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola, en la Banca Reig que después sería Andbank. El matrimonio habría ideado no solo dónde se ingresaría tal dinero, sino cómo se gestionaría y designaron al hijo mayor, Jordi, para ser el encargado de mover el capital, rentabilizarlo y distribuirlo entre el resto de miembros de la familia.
El escrito recoge que el patrimonio “ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años”.
La fiscal divide los papeles de cada uno de los miembros. Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi y Josep Pujol Ferrusola y Mercé Gironés, gestionando los beneficios de la actividad descrita; y el resto, finalmente, “beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación”.
Anticorrupción considera que entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, “permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra”, tal y como se relata en el escrito de acusación.