Colombia se rebela
En otoño del 2019, Colombia vivió una revuelta ciudadana que exigía al Gobierno del presidente Iván Duque mejoras sociales y económicas. Solo la covid frenó las protestas en marzo del 2020, pero en septiembre otra oleada de movilizaciones dejó 13 muertos. Ahora, el país está inmerso en una tercera ola de rebelión popular que empezó con una huelga general contra la reforma fiscal impulsada por Duque y que también se ha teñido de sangre.
La dimensión de la protesta obligó al presidente hace unos días a retirar su polémica reforma y al ministro de Hacienda a dimitir, pero ello no ha servido para desescalar la situación porque las promesas de diálogo han chocado con una inusitada violencia policial para reprimir las protestas. La consecuencia es que hasta ahora ha habido al menos 24 muertos y 800 heridos, y se multiplican las imágenes de abusos policiales en que los antidisturbios disparan y apalean a manifestantes pacíficos, hasta tal punto que la Fiscalía ya ha imputado a varios agentes por homicidio.
El expresidente Álvaro Uribe, hombre fuerte en la sombra y líder de la corriente ultraderechista del partido gobernante, defiende la mano dura y ha metido en el mismo saco a los manifestantes pacíficos y a la minoría vandálica que saquea y quema autobuses y comisarías al final de las protestas. El presidente Duque ha hecho suyo ese discurso, muy similar al de las teorías conspiranoicas en EE.UU., y ha criminalizado la revuelta hablando de “terrorismo urbano que es financiado por la mafia del narcotráfico”.
El objetivo de la reforma tributaria era recaudar 5.600 millones de euros para tapar el gran agujero que la covid ha dejado en el erario colombiano. Tenía aspectos positivos, como ampliar la base tributaria, pero también apostaba por subir el IVA de productos básicos como el agua, la luz, la gasolina y el gas. El Gobierno argumentaba que para poder financiar proyectos sociales para las familias más pobres tenía que subir los servicios mencionados y los impuestos a la clase media. Pero ha querido hacerlo cuando la población tiene cada vez más limitados sus ingresos por culpa de la pandemia, que ha incrementado la desigualdad, el desempleo y la pobreza, y por eso la ciudadanía se ha echado a la calle.
Los disturbios se suceden y el diálogo que Duque ha iniciado para intentar reconducir la situación no ha empezado con buen pie porque el Gobierno aún no ha puesto fecha para reunirse con el Comité Nacional del Paro, organizador de la protesta. Colombia vive días oscuros y la crisis ha cobrado una nueva dimensión. La reforma fiscal –tal vez necesaria pero inoportuna en este momento–, la pandemia y la actuación policial, en especial la de los escuadrones antidisturbios, han desatado de nuevo una revuelta larvada desde el 2019. El presidente ha perdido el liderazgo del país y lo que suceda a partir de ahora hay que leerlo también en clave electoral, pues el país celebrará elecciones generales y presidenciales en el 2022, a las que Duque no se puede presentar.
El Gobierno responde al estallido social contra la reforma tributaria con una gran violencia policial