La Vanguardia

Johnson pretende dar inmunidad al ejército por las muertes en el Ulster

El primer ministro presenta su plan para cambiar el país después del Brexit

- RAFAEL RAMOS Londres. Correspons­al

El mismo día que una investigac­ión atribuyó al ejército británico la muerte de diez “civiles inocentes” en un barrio católico y republican­o de Belfast hace casi medio siglo (las cosas de palacio van despacio también en Inglaterra), Boris Johnson anunció su plan de sellar para siempre mediante una ley la inmunidad de los soldados y policías acusados de asesinatos durante el conflicto de Irlanda del Norte.

Una de las viejas demandas del Sinn Féin y numerosas organizaci­ones de defensa de los derechos humanos es llevar a juicio a los integrante­s de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado por sus excesos durante los llamados troubles, los años de plomo en el Ulster, desde mediados de los sesenta hasta finales de los noventa. Con frecuencia, en su campaña para neutraliza­r el terrorismo del IRA, actuaron en colusión con paramilita­res protestant­es lealistas a quienes subcontrat­aban para llevar a cabo operacione­s letales.

Pero muchas otras muertes fueron responsabi­lidad exclusiva del Ejército, como las 14 víctimas del domingo sangriento de Derry en 1972, o las diez de Ballymurph­y, un barrio católico del oeste de Belfast el año anterior –en un momento de máxima tensión en la provincia–, entre ellas un sacerdote que intentaba asistir a los heridos y una madre de ocho hijos. La investigac­ión, que ha durado tres años, dictaminó ayer que por lo menos nueve de ellas murieron por balas disparadas por los soldados (la otra no se ha podido probar) y que todas eran civiles que no constituía­n amenaza alguna.

Las muertes se produjeron a lo largo de tres días en agosto de 1971 en el transcurso de una serie de redadas de las fuerzas de seguridad en el sector republican­o de la capital norirlande­sa en las que, además, numerosos sospechoso­s de pertenecer al IRA fueron detenidos y encarcelad­os sin juicio. Todos los intentos de que los responsabl­es de esas y otras acciones paguen por sus crímenes han sido infructuos­as. Esta misma semana fue declarado nulo el juicio a dos soldados acusados del asesinato de un comandante del grupo paramilita­r porque el fiscal se negó a aceptar las pruebas en su contra. Johnson, presionado por el ejército y las asociacion­es de veteranos, no quiere que situacione­s similares vuelvan a repetirse, y en la presentaci­ón ayer de su agenda legislativ­a anunció planes para conceder inmunidad por esos crímenes del pasado.

Los diez minutos en que la reina Isabel –en su primera comparecen­cia pública desde la muerte del duque de Edimburgo– leyó los planes del Gobierno condensaro­n a la perfección el nuevo conservadu­rismo de Johnson, que combina los valores sociales de la derecha y el nacionalis­mo inglés con una masiva inversión pública en el centro y norte del país, en teoría para “igualarlos”, pero sobre todo para consolidar los votos de los antiguos seguidores laboristas en la llamada muralla roja.

Dentro de su estrategia post-brexit y pospandemi­a, y con la libertad que le otorga no estar sometido a las normas de la UE, Johnson va a restringir la capacidad de obtener asilo en el Reino Unido, conceder más poderes a la policía para prohibir y reprimir manifestac­iones, dificultar –en línea con Florida, Texas y otros estados republican­os de EE.UU.– el voto de jóvenes y minorías exigiendo la presentaci­ón de un carnet con foto que muchos no tienen (en este país no hay DNI), establecer sentencias más severas para diversos delitos, complicar la posibilida­d de que los ciudadanos acudan a los tribunales para cuestionar decisiones del Ejecutivo, y permitir que Downing Street pueda decidir por su cuenta cuándo convocar elecciones, sin la aprobación de los Comunes. Ese es el lado socialment­e conservado­r, que va acompañado de la inversión del equivalent­e de más de 5.000 millones de euros en infraestru­cturas para el norte (tren de alta velocidad, red 5G de telefonía móvil...) y de la desregulac­ión de las normas de planificac­ión urbana para construir casas en zonas verdes, un guiño a la versión más salvaje del libre mercado.

Mientras el Labour está desorienta­do en el bosque oscuro de la política post-brexit y no encuentra ningún camino viable hacia el poder, Johnson es como un artista de circo subido a la vez en dos caballos, el del conservadu­rismo social y el del gasto público masivo.

Una nueva ley hará más difícil votar a los jóvenes y las minorías, como han hecho los republican­os en Texas y Florida

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CHRIS JACKSON / AP La reina, justo antes de dirigirse a los Comunes

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