Cotización de hasta 1.200 euros para los autónomos
La oferta enrarece la negociación del primer bloque de cambios en las pensiones
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa la primera propuesta concreta sobre el nuevo sistema de cotización para los autónomos. El equipo de José Luis Escrivá ofreció en un documento remitido el pasado martes por la mañana a los agentes sociales que, cuando esté desplegada la reforma, los trabajadores por cuenta propia se rijan por sus ingresos y coticen entre 90 euros (en el caso de que los rendimientos netos no superen los 3.000 euros anuales) y los 1.220 euros (con rendimientos superiores a 48.841 euros al año). El diseño de la cotización por ingresos reales, que fue recibido ayer con críticas por las organizaciones de autónomos, forma parte de la propuesta final del Gobierno para el primer bloque de reformas en el sistema de pensiones. El mismo martes, Escrivá habló de un acuerdo “inminente”; ayer los agentes sociales confirmaron que la reunión clave con Seguridad Social, prevista para el próximo lunes, se suspendía. De momento, no hay nueva fecha.
El texto en discusión, al que ha tenido acceso La Vanguardia, confirma además que el nuevo sistema de cotización para trabajadores por cuenta propia arrancaría en el 2023 y se aplicaría por completo en un máximo de nueve años, es decir, hasta el 2031. Durante este tiempo plantean aplicar un periodo transitorio en el que establecerán unas cuotas que se irán incrementando progresivamente en la mayoría de los tramos. Para los que menos ingresan, la aportación se quedaría en el 2023 en 200 euros y se iría incrementando hasta alcanzar los 400 euros (a partir de los 48.841 euros). En la actualidad, la cotización mínima para un autónomo es de 286 euros y la máxima, de 1.233 euros.
En el resto de aspectos, no hay cambios significativos respecto a propuestas anteriores: los autónomos tendrán que escoger uno de los 13 tramos previstos, en función de la previsión de ingresos anuales, y será posible cambiar de nivel hasta seis veces al año. Al final del ejercicio, a imagen de lo que ocurre con el IRPF, el trabajador tendrá que cotizar más si sus rendimientos finalmente son más elevados de lo estimado o recibirá la devolución correspondiente, en el caso de haber aportado más de lo que corresponde por sus ingresos declarados.
La tabla de cotización diseñada por el departamento de Escrivá no convence a Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores
Autónomos) y vicepresidente de la CEOE, después de calificar de “deslealtad absoluta” que Seguridad Social solo enviara el texto a la patronal y los sindicatos. Amor se quejó de que las cifras que figuran en la propuesta, tanto la tabla del primer año de transición como la que se debe aplicar cuando esté desplegada la reforma, “no se han negociado ni se han llevado a una mesa técnica”. Unos tramos, señaló, que contienen numerosas incongruencias.
Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, reclamó reducir de nueve a tres años el periodo de transición hacia el nuevo sistema. Abad consideró además “implanteable” que en el primer año de aplicación de la norma la cuota mínima sea de 200 euros, “cuando hay autónomos con rendimientos inferiores al salario mínimo”.
Aparte de este peliagudo cambio de sistema de cotización –discutido
desde hace años–, por ahora, Escrivá tampoco ha logrado atraer al acuerdo a la CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT con las modificaciones sobre pensiones, que el ministerio se ha comprometido a llevar al BOE antes de que acabe el año.
Esta última propuesta mantienen la aplicación de unos coeficientes reductores en el cálculo de la pensión para los que de forma voluntaria se jubilan antes de la edad legal, en función de los meses de adelanto y no de los trimestres como hasta ahora. La penalización puede ser de hasta un 21%.
Eso sí, la idea de incrementar en la práctica la reducción para los trabajadores que cotizan por la base máxima –contestada sobre todo por CC.OO.– se ve matizada por un aumento del periodo de transición al nuevo esquema, que alcanzaría los doce años frente a los seis propuestos inicialmente. “Esta previsión, unida a las futuras subidas de la pensión máxima durante el periodo transitorio, servirá para ab
TRANSICIÓN MÁS LARGA
La última propuesta también modifica la penalización de la jubilación anticipada
NUEVE AÑOS DE ADAPTACIÓN En el 2023, los trabajadores por cuenta propia cotizarían entre 200 y 400 euros
sorber el efecto de la medida para aquellos que cotizan por encima de la pensión máxima”, argumenta el ministerio en su propuesta.
El texto recoge también el compromiso del Estado de incrementar la transferencia a la Seguridad Social de casi 14.000 millones de euros aprobada en el 2021, con aportaciones adicionales en los próximos dos años por otros 8.600 millones de euros.
Fuentes de la negociación reconocieron la existencia aún de diversos obstáculos para poder alcanzar un pacto. Entre ellos se encuentra la figura que sustituirá al polémico factor de sostenibilidad, recogido en la reforma del 2013, cuando sea definitivamente derogado. La propuesta sobre la mesa se limita a señalar que este nuevo mecanismo para aliviar la carga que supondrá la jubilación de la generación del baby boom ha de “incorporar indicadores que ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que supone para el sistema el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”.