La Agencia Tributaria abre una inspección al rey emérito
El fisco analiza si las regularizaciones fueron completas y veraces
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha abierto una inspección fiscal al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, tras las regularizaciones efectuadas por este en diciembre y febrero pasados, cuando abonó 678.393,72 y 4.395.901,96 euros respectivamente.
En concreto, la Agencia Tributaria le ha comunicado la apertura formal de una inspección para comprobar si sus últimas regularizaciones voluntarias con el fisco son completas y veraces. Por ahora, le ha solicitado documentación patrimonial y bancaria sobre el uso de tarjetas y cuentas, en concreto de la que es titular su primo Álvaro de Orleans-borbón, respecto del que se está analizando si podría haber actuado como testaferro a través de la fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein. La defensa de Juan Carlos de Borbón y de De Orléans evitaron ayer pronunciarse sobre el caso.
Una vez que finalice la inspección, la Agencia Tributaria decidirá si la regularización ha sido correcta, si se deben imponer sanciones o si por el contrario hay algún indicio delictivo.
En este último caso, los inspectores deben finalizar su tarea y dar traslado a la Fiscalía para su persecución por la vía penal.
La ministra de hacienda, María Jesús Montero, alertó hace unos días de una futura inspección al anterior rey, negando pasividad del fisco español en este asunto, dado que el monarca no había sido requerido pese a la continua publicación de información sobre el uso de fondos de procedencia dudosa.
La inspección abierta ahora por el fisco español desea conocer el detalle de todas estas operaciones, según avanzó ayer el digital El Español y confirmaron a La Vanguardia fuentes conocedoras del expediente. Éste se ha abierto a petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que tiene abiertas unas diligencias de investigación sobre la fortuna en el extranjero de quien fue rey de España durante 38 años.
La AEAT está trabajando en coordinación con el departamento que dirige Dolores Delgado para analizar las cuentas del padre de Felipe VI y evaluar si cuenta con ingresos no declarados a Hacienda y que dicho silencio no haya prescrito.
La primera maniobra de defensa del monarca –conocida el 9 de diciembre– correspondía al uso de unas tarjetas opacas con las que habría pagado gastos de algunos de sus familiares; los fondos de los que se servían estas tarjetas fueron al parecer aportados por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginéskrause, sin que se conozca el motivo de su generosidad.
La segunda regularización de Juan Carlos I correspondió –según informó el 26 de febrero su abogado, Javier Sánchez-junco– a una compensación por el uso de alrededor de 8 millones de euros abonados por la fundación Zagatka. Con estos fondos, esta entidad habría abonado viajes privados de Juan Carlos I y su entonces amante, Corina Larsen. De Orleans-borbón alegó hace unas semanas que si abonó estos vuelos fue para proteger la intimidad y discreción del anterior rey.
Aquellos 4,3 millones de euros fueron abonados por alrededor de una quincena de amistades del anterior monarca, al parecer mediante contratos de préstamo personal.
La Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, dijo días atrás que la “lentitud” en la investigación al rey emérito que están teniendo tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía podía librarle de sus responsabilidades penales y fiscales.
Las pesquisas se abren a petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que investiga al anterior rey