Basta de sustos fiscales
El enorme gasto público realizado para luchar contra la pandemia y sus consecuencias económicas hay que pagarlo. De eso hemos de ser conscientes todos los ciudadanos. Pero hay que empezar a pagarlo cuando la reactivación económica se consolide, se vuelva a generar riqueza y a crear empleo suficiente. Y hay que hacerlo de forma ordenada, programada y progresiva en un plazo de tiempo extenso, de largos años, que permita a los contribuyentes soportar el esfuerzo fiscal sin excesivos sacrificios. Así, además, se podrá compatibilizar el aumento de la presión fiscal con el crecimiento de la economía.
El Gobierno ha comunicado a Bruselas que solo en el 2020 España ha gastado 210.910 millones de euros, lo que supone cerca de un 20% del producto interior bruto (PIB). El endeudamiento acumulado por el Estado, como consecuencia de ello, ha subido hasta algo más de 1,3 billones de euros, el 120% del PIB. Esto significa que a cada ciudadano le corresponden 28.428 euros de esa deuda, que se halla entre las más elevadas del mundo.
Pero, pese a ello, hay que ser prudente con la inevitable subida de impuestos que la economía española debe afrontar en el futuro para pagar esa enorme deuda. Esa subida de impuestos, además, debe ser previsible, planificada y ajustada a la necesaria reforma fiscal que está pendiente desde hace años y que en estos momentos estudia un grupo de expertos por encargo del Gobierno. Por eso desde el Banco de España y desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se reclama desde hace meses que se defina un plan de consolidación fiscal a largo plazo. Ello no solo permitiría eliminar incertidumbres, sino, además, tranquilizar a los ciudadanos y sobre todo dar garantías a los mercados financieros de que cobrarán sus préstamos en tiempo y forma. De esta manera se evitará el riesgo de que incrementen los tipos de interés sobre la deuda pública española, a causa de la desconfianza, y que se limite el margen de maniobra presupuestaria del Estado.
El pago de la deuda es ya la segunda partida de los presupuestos generales del Estado, después de las pensiones.
Basta ya, sin embargo, de sustos fiscales a los contribuyentes, con anuncios de subidas y modificaciones impositivas, que se lanzan desde el Gobierno a modo de globo sonda, que luego se retiran y que ofrecen una imagen de improvisación que desconcierta a la opinión pública. La política fiscal necesaria para pagar los costes de la pandemia debería debatirse en el Congreso de los Diputados, con el soporte de destacados expertos, y analizar a fondo las mejores alternativas que tiene España para el buen funcionamiento de su economía y de la de sus ciudadanos y sus empresas. Pero, en cualquier caso, habrá que evitar la demagogia, las mentiras, las manipulaciones y la excesiva ideologización. El debate fiscal ha de ser riguroso, pragmático y transparente.
Las constantes propuestas del Partido Popular de bajar impuestos para reactivar la economía y recaudar más como consecuencia del aumento del empleo y de las inversiones son muy adecuadas en otras coyunturas económicas, pero no parecen realistas cuando hay tanta deuda por pagar. La presión fiscal española está, además, por debajo del promedio europeo y todo indica que desde Bruselas recomendarán que se incremente progresivamente en el futuro, con especial incidencia en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), los impuestos medioambientales y la tributación de las grandes fortunas. Paralelamente será necesario también un ambicioso plan de ahorro y mejora de la eficiencia de los organismos y servicios públicos. El camino debe ser en doble dirección.
En cualquier caso, el escenario ideal es que la reforma fiscal, y sobre todo el plan para el pago del endeudamiento provocado por la pandemia, se negocie entre todas las fuerzas parlamentarias y se haga por consenso. Hay que tener en cuenta que van a ser necesarias varias legislaturas para alcanzar un equilibrio razonable de las cuentas públicas y que eso involucrará, tarde o temprano, a partidos de diferentes colores.
El plan para pagar la enorme
deuda provocada por la pandemia debe debatirse y pactarse en el Congreso