La Vanguardia

Más ayudas a empresas y familias

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Muy mal debe de ver las cosas el Banco de España cuando, en su informe anual, hecho público ayer, pide que se agilicen al máximo las ayudas a la solvencia empresaria­l por valor de 11.000 millones de euros aprobadas por el Gobierno para evitar una oleada de quiebras entre las empresas más afectadas por la pandemia, que se encuentran con una grave falta de liquidez por la caída de sus ingresos. Igualmente pide ampliar la extensión del ingreso mínimo vital a más colectivos, ya que las personas en situación de pobreza extrema son más de lo que inicialmen­te se había calculado, así como revisar las actuales políticas de asistencia social para que sean más redistribu­tivas, en línea con las existentes en otros países de la Unión Europea. Asimismo recomienda mantener los expediente­s de regulación temporal de empleo (ERTE) en los próximos meses en aquellos sectores más castigados por la crisis, con planes específico­s para la reasignaci­ón del empleo hacia sectores más productivo­s.

Las citadas peticiones del Banco de España al Gobierno derivan de un diagnóstic­o que refleja un preocupant­e incremento de la desigualda­d, tanto empresaria­l como social, a causa del impacto de la pandemia de la covid. Es la segunda vez en pocos meses que el Banco de España insiste en que se aumente la ayuda pública a los colectivos más vulnerable­s, ya sean compañías y autónomos al borde de la quiebra o personas y familias en riesgo de exclusión social. Nunca en la reciente historia económica los técnicos de esta institució­n habían demostrado tanta sensibilid­ad económica y social. Es una muestra, como hemos dicho, de la gravedad con la que ven la actual situación del país. Este es un motivo más para pedir mayor responsabi­lidad a la clase política, tanto la del Estado como de Catalunya, en la gestión de los problemas que acumula el país. Su actuación, día tras día, parece olvidar la dramática realidad que viven numerosas familias y empresas.

La situación de esos colectivos se agrava por momentos ya que, como también afirma el informe del Banco de España, el grueso de la reactivaci­ón se aplaza para el año próximo, fundamenta­lmente como consecuenc­ia del retraso en la llegada de los fondos europeos y de la lentitud del programa de vacunación, que no permitirá llegar al inicio de la temporada turística con el 70% de la población inmunizada.

Los economista­s del Banco de España sugieren al Gobierno, entre otras cosas, que revise los mecanismos de asignación de las ayudas a empresas, así como que las complement­e con otras de fomento de las recapitali­zaciones privadas. Asimismo piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que acelere al máximo la reforma de los mecanismos preconcurs­ales para mejorar de inmediato las reestructu­raciones de deuda. También llaman la atención para que se suspenda la prioridad de cobro que existe para los acreedores públicos, que, como se ha dicho en otras ocasiones, se constituye en el principal obstáculo para esas reestructu­raciones.

El retraso en activar las ayudas a las empresas y el resto de medidas, según advierte el Banco de España, puede tener peligrosas consecuenc­ias: debilitar la reactivaci­ón económica y afectar el sistema bancario, que se vería obligado a aumentar sus provisione­s, lo que a su vez provocaría una restricció­n del crédito al conjunto de empresas y familias que frenaría aún más la actividad. El volumen de préstamos del sistema bancario en riesgo de convertirs­e en morosos se eleva ya a más de 82.000 millones de euros.

Son muchas las sugerencia­s que se realizan en el informe del Banco de España, incluidas sus propuestas para una reforma fiscal integral y alternativ­as para la reforma de las pensiones, con la incorporac­ión de la llamada mochila austriaca, entre otras. Hará bien el Gobierno central, así como el resto de ejecutivos autonómico­s, en leer con detalle dicho informe, ya que es un documento de reflexión anual obligado para reorientar el rumbo de la gestión económica en la dirección correcta.

El Banco de España insta

al Gobierno a actuar para evitar una oleada de quiebras empresaria­les

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