Una ley para combatir la crisis climática
Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de Cambio Climático y Transición Energética. Según Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, esta norma llega con diez años de retraso. Pero bienvenida sea. Porque tiene que permitir a España transformar su economía avanzando por la senda verde y abandonando gradualmente el uso de combustibles fósiles. La nueva ley contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el rechazo de Vox y la abstención del PP y Más País. No responde a un capricho del Gobierno, sino a una directiva internacional. Hace ya seis años que se rubricó el Acuerdo de París, suscrito entre otros países por España, que reconocía el peligro de la crisis climática e invitaba a las distintas naciones reunidas en la capital francesa a emprender sin demora una transición energética. Desde entonces, se ha ensanchado la brecha entre lo acordado en París y el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.
La ley aprobada ayer en el Congreso se propone luchar contra este estado de cosas. Las medidas que incluye son de distinto orden. Se pretende, entre otros objetivos, que esta norma contribuya a que las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes (un total de 148 en nuestro país) implementen zonas de bajas emisiones. Se pretende, así, que para el año 2030 se reduzca en un 23% la emisión de gases de efecto invernadero, porcentaje que a algunos puede parecer ambicioso, pero que ha propiciado ya uno de los mayores debates relacionados con el articulado de la ley, puesto que el compromiso de la Unión Europea apunta a una reducción del 55%. Se pretende también establecer otras medidas como, además del fin de la extracción de combustibles fósiles, la erradicación de la minería de uranio, el desarrollo sostenible de las energías renovables, etcétera. Se pretende que estas políticas medioambientalistas impulsadas desde la esfera pública tengan su correlato en la esfera de la empresa privada. Y se pretende, asimismo, fomentar el aprendizaje medioambiental en los distintos niveles del sistema educativo, para que tales políticas no tengan nada de imposición, sino que sean una demanda compartida por el grueso de la población.
La ley que ayer recibió la aprobación del Congreso de los Diputados tiene por objeto llegar a la plena descarbonización de España hacia el 2050, logrando antes, hacia el 2040, prescindir de la venta de coches contaminantes. Todo ello obliga a serias transformaciones industriales. Pero la emergencia climática que afrontamos no permite muchas alternativas. No se trata tanto de cambiar el modelo de vida como de hallar los instrumentos para que podamos, en lo esencial, mantenerlo sin dañar, como hemos dañado hasta la fecha, el planeta.
Con la norma aprobada ayer por el Congreso, España aspira a cumplir los acuerdos suscritos en París