Un nuevo contrato social (y 2)
La necesidad de un nuevo pacto social no es nueva, porque algunos la sentían hace casi medio siglo, al final de los treinta años gloriosos que en Occidente siguieron a la Segunda Guerra Mundial; el Estado de bienestar construido en la posguerra empezó a hacer agua a partir de mediados de los setenta, pero una serie de remiendos lo mantuvieron en pie, hasta que la crisis sanitaria y económica desencadenada hace un año nos ha obligado a admitir que nuestro mundo está sujeto a choques imprevistos –aunque no siempre imprevisibles– con un coste potencial, económico y social que hace indispensable la ayuda del Estado.
En primer lugar, la prudencia aconseja prever una larga convivencia con crisis sanitarias. No olvidemos que sabemos muy poco de las causas de esta y no mucho de la eficacia de los tratamientos en uso. Por ello, hemos de estar dispuestos no a realizar un esfuerzo titánico pero momentáneo, sino a algo mucho más difícil, a perseverar durante largo tiempo en una disciplina algo menos exigente. Para el Estado, se trata de ir convirtiendo un esquema de ayudas de emergencia en un marco de programas listos para hacer frente a choques variados pero recurrentes, provocados por la combinación del cambio tecnológico, de la globalización, del cambio climático y de crisis sanitarias.
Para ser eficaz en un entorno cambiante, la Administración ha de ser ágil, para que las ayudas no tarden una eternidad en llegar, y accesible para todos: la mala experiencia de las ayudas a los beneficiados por los ERTE, de la percepción de los subsidios de paro y de las ayudas a autónomos no debe repetirse. Una digitalización inclusiva, que evite a los más vulnerables la frustración de perderse en un laberinto telemático, es una exigencia inexcusable. Dicho sea de paso, su puesta en marcha ofrece una gran oportunidad para emplear a jóvenes, más avezados a lo digital que sus mayores.
Además de las ayudas a colectivos especialmente vulnerables, como la provisión de educación preescolar gratuita, el nuevo contrato social debería estar basado en tres elementos: el primero es fortalecer la formación dual para los jóvenes, que no necesita mayor comentario. El segundo es la atención a las llamadas políticas activas, que van de los programas de formación de corta duración al asesoramiento activo en la búsqueda de empleo. Estas políticas absorben la mayor parte de las ayudas al empleo en países como Dinamarca, mientras que aquí no solo son una parte modesta del gasto, sino que son a menudo opacas, sin medición de su eficacia ni publicación de sus datos. El tercero es la puesta en marcha de un programa de empleo público garantizado para absorber a todos aquellos que hayan perdido su empleo o su empresa: suman cuatro millones hoy y pueden llegar a cinco en los próximos meses. Abandonarlos a su suerte es naturalmente inaceptable. Esperar que el sector privado los absorba masivamente en un plazo razonable es una ilusión. En todas esas intervenciones la Administración deberá tratar de armonizar el objetivo de preservar los incentivos al trabajo con el de no exacerbar el coste social.
Y todo ello en un contexto presupuestario riguroso. Es cierto que la Unión Europea ha pospuesto la exigencia de las reglas de ortodoxia presupuestaria hasta el 2023. Pero nuestra deuda externa va creciendo, con el agravante de un horizonte de tipos de interés más elevados, aunque quizá no inmediatamente. Ahí reside la necesidad del contrato: nuestros políticos deberán procurar no prometer lo imposible a sus electores. Al contrario: deberán presentarles unas expectativas materiales menos brillantes a costa de un largo esfuerzo para mantener la prosperidad lograda en tantos años. Y para colaborar todos –recordemos que un contrato requiere el acuerdo de las partes– para reemprender el avance hacia la democracia, el progreso económico y la justicia social.
La Administración deberá preservar los incentivos al trabajo sin exacerbar el coste social