La Generalitat y el CGPJ acuerdan impulsar el catalán entre los jueces

El pacto sube el nivel de conocimiento de la lengua de B2 a C1 para estimarlo un mérito

Solo un 14% de los jueces de Catalunya tienen el nivel básico de catalán y solo siete de cada cien sentencias están escritas en lengua catalana. Son datos que aportó el Departament de Justícia en el 2022. El catalán es un mérito y no un requisito para ser juez en Catalunya, pero con tal de darle un impulso, la Generalitat y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado que se valore el nivel C1. Es la suficiencia que alcanza un estudiante al terminar la ESO.

Desde 1999 y hasta hoy, se ha considerado el B2 –un peldaño por debajo del C1– como mérito. La renovación de este convenio tiene una vigencia de cuatro años y será aplicable a la hora de proveer plazas de la presidencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y las audiencias provinciales. El Poder Judicial incluirá la formación en lengua catalana en la oferta para los alumnos de la Escuela Judicial. La Conselleria de Justícia, por su parte, se compromete a desarrollar “las diferentes actividades formativas de catalán, en modalidad presencial o en línea, y emitir los certificados acreditativos de los diferentes niveles que alcancen los alumnos”.

La propuesta queda lejos de una exigencia de conocimiento del catalán. De hecho, el Parlament de Catalunya aprobó en diciembre del 2021, con los votos de ERC, Junts, la CUP y los comunes, pedir al CGPJ que el catalán fuera un requisito y no solo un mérito en la provisión de plazas en la administración de justicia en Catalunya. Pero la Generalitat no puede exigir el catalán a los jueces porque la ley no lo permite. La ley orgánica del Poder Judicial reconoce en el artículo 450.4 como mérito y no una exigencia a todos aquellos que en las comunidades con lengua cooficial acrediten conocimientos del “idioma propio”.

La escasez en el uso del catalán por parte de los jueces ha aumentado a medida que han ido pasando los años. En el 2005, el 20,1 % de las sentencias se dictaban en catalán. Fue una cifra que no se ha vuelto a repetir y desde entonces ha caído en picado hasta el 7% actual. El descenso más acusado se produjo entre el 2005 y el 2015, cuando pasó del 20,1% al 8,4%.c

La medida se aplicará al proveer plazas de la presidencia del TSJC y las audiencias provinciales