El Supremo avala la fábrica de Ence en Pontevedra
La empresa puede seguir operando la planta hasta el 2073
Pontevedra vivió ayer el desenlace de una disputa judicial que ha mantenido en vilo a la ciudad durante casi siete años. El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la continuidad de la fábrica de celulosa de Ence en la ciudad, instalada en la ría en 1959 y tan denostada por grupos ecologistas y una parte de la izquierda como reivindicada por empresarios y trabajadores. La instalación industrial da empleo, entre directos e indirectos, a casi 6.000 personas y, entre proveedores y auxiliares, genera una parte significativa del PIB de la provincia, que Ence cifra en el 28%.
La sentencia del Supremo estima el recurso de la empresa contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional y avala la prórroga de la concesión de la fábrica durante 60 años aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. La Audiencia consideró que
La empresa y los trabajadores aplauden una sentencia criticada por ecologistas y el BNG
en la orden ministerial no quedaba del todo justificada la inexistencia de ubicaciones alternativas a la costa. Sin embargo, el Supremo entiende ahora que, en este tipo de concesiones, es suficiente con que exista un informe medioambiental positivo.
La sentencia tardará unos días en hacerse pública, pero las fuentes jurídicas informan de la estimación de los recursos por cuatro votos a favor y uno en contra, el de la magistrada Ángeles Huet.
La propia Ence comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la decisión “confirma la legalidad” de la planta, que podrá seguir funcionando hasta el 2073. También dijo que “despeja la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación y de las familias vinculadas a su actividad”. Además, permitirá abordar las inversiones previstas en la fábrica. “La empresa quiere entablar un diálogo proactivo con todos los grupos de interés”, añadió su presidente, Ignacio de Colmenares.
El efecto más inmediato de la sentencia fue una subida en bolsa del 27% de las acciones de Ence, que alcanzó una capitalización cercana a los 950 millones de euros. La empresa celebró la decisión judicial y anunció que revertirá las provisiones realizadas en su momento ante el riesgo de cierre de la planta. Se anotará por esta vía 169 millones de euros.
El Ministerio de Transición Ecológica, que renunció a defender en los tribunales la autorización del anterior Gobierno a la continuidad de la planta, indicó ayer que acatará la sentencia. El comité de empresa de Ence expresó su “satisfacción” y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, calificó la decisión judicial de “victoria de muchas familias”.
En el lado contrario, Greenpeace lamentó que el Supremo “permita a Ence dañar la ría”, mientras que el BNG calificó la decisión de “injusta e inexplicable”.
Ence había diseñado un plan alternativo en caso de que tuviese que cerrar la fábrica de Pontevedra, consistente en concentrar las inversiones en su otra planta de celulosa, situada en Asturias. La gallega produce 515.000 toneladas al año y la asturiana, 685.000.