Nuevas protestas en Francia la víspera de la decisión clave sobre las pensiones
El Consejo Constitucional es el árbitro que puede reconducir la grave crisis social
De autorizarse la recogida de firmas para un referéndum, la polémica reforma quedaría congelada
Los sindicatos franceses organizaron ayer la duodécima jornada de movilización y huelga contra la reforma de las pensiones. La participación fue a la baja, pero eso tuvo una importancia muy relativa porque el país está pendiente de la decisión que va a anunciar este viernes el Consejo Constitucional sobre la legalidad de la reforma y sobre la posibilidad de recoger firmas para un referéndum .
Hubo manifestaciones en las principales ciudades y los incidentes habituales por la presencia de elementos extremistas que se enfrentaron a los antidisturbios, sobre todo en París, pero también en Lyon, Rennes y Nantes.
Después de doce convocatorias y siendo la víspera de un arbitraje decisivo de la alta instancia constitucional de la República, es normal que haya habido menos motivación para secundar la protesta. Con todo, decenas de miles de personas salieron a la calle. En sectores como la enseñanza, el seguimiento del paro fue muy modesto, de solo un 5% del personal. Las perturbaciones fueron también menores en los ferrocarriles y el transporte público. Por el contrario, los basureros de París comenzaron otra huelga.
El dictamen del Consejo Constitucional puede apaciguar los ánimos o bien exacerbar aún más la grave crisis política y social que vive Francia desde hace meses.
Este órgano de nueve miembros, los denominados sabios, está encabezado por el ex primer ministro socialista Laurent Fabius. Otro integrante es el expremier conservador Alain Juppé.
El Consejo Constitucional tiene ante sí diversas posibilidades. Podría validar por completo la reforma o rechazarla de plano alegando que se ha vulnerado la Constitución en el procedimiento elegido para realizarla. La primera opción encresparía los ánimos de la calle; la segunda sería una derrota humillante para Macron, que quedaría todavía más tocado para el resto de su mandato, que expira en la primavera del 2027.
Es verosímil que los guardianes de la Constitución solo retoquen la reforma, invalidando algunos elementos menores. Otra decisión fundamental y que acabará siendo más relevante tiene que ver con la petición de 252 parlamentarios para que se autorice a recoger firmas –se necesitan 4,8 millones– para convocar un referéndum en un plazo de nueve meses. En esa consulta se preguntaría al pueblo si debe prohibirse situar la edad legal de jubilación más allá de los 62 años, el límite actual (y no los 64 que prevé la reforma). Si se va por la vía del referéndum, tendrán que pronunciarse antes ambas cámaras. La reforma quedaría congelada, sin aplicarse, y el referéndum se realizaría en julio del 2024, poco antes de los Juegos Olímpicos de París. Este sería un escenario de pesadilla para Macron y su Gobierno.
Sea cual sea finalmente la decisión del Consejo Constitucional, el futuro político de Macron se presenta complicado. No parece haber otra alternativa que tratar de alcanzar un pacto o una coalición de facto con Los Republicanos (LR, derecha tradicional) para evitar cuatro años de inestabilidad. Ya se habla de un posible relevo al frente del Gobierno para facilitar esa maniobra. La primera ministra, Elisabeth Borne, que lleva 11 meses en el puesto, podría perderlo. Está bastante quemada. En Francia su cargo es siempre un fusible, un chivo expiatorio, que usan los presidentes para torear las crisis e ir hacia delante.