El Senado de EE.UU. convoca al Supremo por un escándalo
El juez Thomas aceptó regalos de un donante republicano
En los dos últimos decenios, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha pasado de ser una de las instituciones más respetadas del país a convertirse en una de las más desprestigiadas. No es raro, sobre todo de un año a esta parte.
Desde junio del 2022, los nueve magistrados del Alto Tribunal y en especial los seis que conforman su holgada mayoría conservadora no solo han dictado resoluciones regresivas y contrarias al sentir de la mayoría en temas como el derecho al aborto, el control de las armas o la lucha contra el cambio climático; más de uno se ha visto envuelto, además, en algún escándalo que pone en duda la ética en sus actuaciones.
En noviembre pasado, una investigación del The New York Times sacó a la luz las más que fluidas relaciones de amistad y posible confidencia entre determinados jueces del Supremo, en particular Samuel Alito, y poderosos lobbistas de la derecha religiosa; líderes de grupos de influencias que en todos los casos contribuían a la Sociedad Histórica del Tribunal con generosas donaciones deducibles de impuestos. Algunos de los magistrados señalados negaron cualquier irregularidad y la mayoría no se dieron por aludidos.
Ahora el escándalo es mayor. Se trata del juez Clarence Thomas. Tal como los medios locales vienen reportando de manera profusa desde hace semanas, el magistrado recibió y no declaró onerosos regalos del magnate y super donante republicano Harlan Crow en forma de viajes de lujo y compras de bienes raíces.
Thomas aceptó invitaciones de Crow a esos viajes prácticamente cada año durante más de veinte, según reveló la agencia Propública, especializada en investigación periodística. El juez, a veces con su esposa, Ginni Thomas, “se fue de vacaciones en el superyate de Crow alrededor del mundo, voló en su jet Bombardier Global 5000, visitó con frecuencia su retiro exclusivo para hombres en California, el Bohemian Grove, y pasó una semana por verano en su extenso rancho en el este de Texas”.
En junio del 2019, el matrimonio Thomas abordó un gran avión privado con destino a Indonesia para pasar nueve días de isla en isla atendido por un grupo de asistentes y un chef privado. El viaje estaba valorado en más de medio millón de dólares.
Mucho antes, en el 2014, una compañía inmobiliaria vinculada a Crow compró a Thomas y su familia, por 133.363 dólares, una casa unifamiliar y dos terrenos baldíos en Savannah, Georgia. La madre del magistrado, nonagenaria, vivía allí. Después de la venta, los contratistas realizaron una serie de mejoras en la propiedad por valor de decenas de miles de dólares. La madre del juez siguió viviendo allí al menos hasta el 2020.
Crow adujo que la compra, según él a precio de mercado, era parte de su “compromiso con la preservación histórica y la educación estadounidense”. En declaraciones al Times, añadió que su intención era convertir la casa de Thomas, “algún día”, en un museo público dedicado a contar “la historia del segundo juez negro de la Corte Suprema de nuestra nación, que se crió en Savannah”.
Los demócratas no ven claras las explicaciones del donante, ni mucho menos el hecho de que Thomas no declarase, como se supone que debe hacer según las leyes éticas establecidas paras los altos cargos del país, los regalos y beneficios que obtuvo de aquel. Por eso, el presidente del comité judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, acaba de instar al presidente del Supremo, John Roberts, a testificar el próximo 2 de mayo para abordar una “reforma ética del tribunal”. La invitación llega después de que Durbin pidiera a Roberts que investigara los vínculos de Thomas con su amigo y generoso donante conservador.
El jefe de la máxima institución judicial de EE.UU. aún no había respondido ayer a la solicitud de comparecencia del Senado. En todo caso, las consecuencias del posible testimonio y de eventuales indagaciones, más allá de las que llevan a cabo los medios, pueden ser muy limitadas. Los magistrados del Supremo estadounidense lo son con carácter vitalicio, salvo que dimitan o que el Congreso acuerde su destitución por juicio político o impeachment, lo que resultaría prácticamente inviable con la actual composición de las Cámaras.
Hace diez años, un 50% de los estadounidenses afirmaba tener “mucha confianza” en el Supremo, según las encuestas anuales del instituto Gallup sobre la institución. El año pasado, solo un 25% daba esa respuesta.
Hace 20 años, un 50% de los estadounidenses tenía “gran confianza” en el Supremo; hoy ese índice solo llega a un 25%