Viviendas electorales
De la misma manera que en el siglo XIX se hacían las carreteras electorales que no iban a ninguna parte, ahora se hacen leyes que tienen muy poco recorrido. Entre estas hay que situar la nueva ley de Vivienda, cuyo principal objetivo es movilizar el voto joven.
Cierto es que el mercado de alquiler de viviendas comienza a estar colapsado y que cada vez es más difícil y caro emanciparse. El motivo es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios desde hace tres lustros y la subida de precio de los alquileres. Los datos son elocuentes. El mercado de alquiler necesita en España 1,2 millones de viviendas hasta el 2030, según la consultora británica Savills. Además, cada vez hay menos viviendas para alquilar, el stock disponible se ha reducido un 17% en el ámbito nacional, siendo Madrid y Barcelona donde más ha caído.
Ante esta situación, los grandes fondos inversores han visto un filón para hacer negocio. Desde el final de la pandemia se ha producido una explosión de jóvenes que quieren emanciparse. Sin embargo, la oferta no está creciendo al ritmo de la demanda. El mercado no está funcionando. ¿Por qué?
Los motivos son diversos. Según el sector, no se construyen más viviendas para alquilar por culpa de la inseguridad jurídica. Tanto el Gobierno central como algunos autonómicos como la Generalitat han optado por controlar precios, prorrogar contratos… Además, la explosión del turismo ha disparado el fenómeno de los pisos turísticos, reduciendo también la oferta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumenta que se trata de evitar los abusos que se producen y garantizar un derecho amparado en la Constitución. Esto explica que se haya llegado a un acuerdo exprés para poner en marcha la medida antes de las elecciones municipales del 28-M.
En definitiva, se trata de desvincular la subida del precio del alquiler de la inflación. El próximo año el aumento máximo no podrá superar el 3%.
Es decir, diametralmente lo contrario de lo que se ha hecho con las pensiones, que han subido un 8,5%. Si en este caso el objetivo era movilizar el voto de diez millones de jubilados, ahora el objetivo es movilizar el voto de cinco millones de personas que viven de alquiler.
La gran paradoja es que la mitad de los jubilados en España tiene dos viviendas. Muchas personas han ahorrado a lo largo de su vida laboral para asegurarse una renta complementaria alquilando su segunda vivienda, que ahora se tambalea. Este es el problema a medio plazo: si los arrendadores no se ven protegidos por las leyes, pueden quitar del mercado buena parte de estas viviendas. No hay que olvidar que el 95% de los alquileres son de particulares, y si se frena la inversión de “construir para alquilar”, habremos hecho un pan como unas hostias. Estas leyes de Estado, que afectan a derechos fundamentales, deberían ser consensuadas y no utilizadas como arma electoral.
Si los propietarios no se sienten protegidos, pueden retirar sus viviendas del mercado