Boric, atrapado por las balas
La izquierda chilena saca la mano dura contra el delito y los inmigrantes detenidos
Chile sufre una epidemia de inseguridad. Cuando asumió la presidencia chilena en marzo del año pasado, el izquierdista Gabriel Boric no podía imaginar que poco después la principal preocupación de la ciudadanía pasaría a ser la delincuencia. Chile siempre fue un país relativamente seguro, en comparación con otros países de la región, como Argentina, Brasil, Venezuela o México. O, al menos, los delincuentes no actuaban de manera tan violenta.
Ahora, la violencia es la norma y los homicidios crecen, al igual que los delitos, muchos de los cuales quedan impunes ante la indignación y la alarma ciudadanas. Como la intercepción y el robo a dos mujeres de un coche en el túnel de una autopista urbana de Santiago, un tipo de delito nada habitual en Chile. O el frustrado intento de asalto en marzo de un furgón blindado en plena terminal del aeropuerto de Santiago, en el que murieron uno de los atracadores y un funcionario aeronáutico.
Según los Carabineros –la policía militarizada–, en el 2022 hubo 842 homicidios en Chile, un 43% más que en el 2021. En el mismo periodo, la criminalidad aumentó un 45%. El robo de vehículos, por ejemplo, subió un 98%. Y entre los detenidos hay un considerable incremento de los menores de edad.
Hace ya tiempo que entre los chilenos se extiende la idea de que la violencia es por culpa de la gran cantidad de inmigrantes sudamericanos que han llegado a Chile en los últimos años, especialmente colombianos y venezolanos. De hecho, durante la campaña electoral del 2021, el ultraderechista José Antonio Kast propuso excavar una zanja en la frontera norte –con Perú y Bolivia– para evitar la inmigración ilegal.
El temor de la población al aterrizaje en Chile de la mafia venezolana Tren de Aragua ya es más que un mito urbano, y las autoridades creen que, entre sus múltiples negocios ilegales, como el narcotráfico o el sicariato, figura el tráfico humano de migrantes de Venezuela por la frontera norte.
La espiral de violencia tuvo su punto de inflexión el 5 de abril con el asesinato del carabinero Daniel Palma en el centro de Santiago. De 33 años, Palma recibió dos tiros en la cabeza desde un coche cuando quiso identificar a sus ocupantes, dejando huérfano a un niño de cuatro años y viuda a una carabinera embarazada de cinco meses.
Tras el crimen, la tercera muerte de un policía en menos de un mes, la ministra portavoz del Gobierno, la comunista Camila Vallejo, reconocía que “los delitos están siendo más violentos producto del uso de las armas de fuego que están teniendo como víctimas no solo a los civiles, sino también a los funcionarios policiales”.
Por su parte, el director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, abundó en el aumento de la violencia criminal. “Esto no lo habíamos visto nunca antes: personas que disparan sin ninguna causa”. Yáñez aprovechó para avalar un proyecto de ley que ese día había sido aprobado por el Senado y que convalida la “legítima defensa privilegiada” de los policías y aumenta las penas para quien mate a un agente del orden.
Junto a otras tres normas para luchar contra la inseguridad, la ley fue promulgada solemnemente por Boric en el palacio de la Moneda solo cinco días después ante las críticas de Amnistía Internacional (AI). En un comunicado, la organización denunciaba que la norma “valida un uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de necesidad y proporcionalidad”. El director de AI en Chile, Rodrigo Bustos, añadía que la nueva ley implica “un enorme retroceso en materia de derechos humanos”.
Días después del asesinato de Palma, dos venezolanos con antecedentes fueron detenidos como sospechosos. También era venezolano el autor de otra de las muertes recientes de policías.
“En un 30% de los casos policiales están implicados extranjeros, aunque la tasa carcelaria de inmigrantes es baja, de apenas un 5%”, dice a La Vanguardia desde Santiago Alejandra Luneke, socióloga experta en seguridad de la Universidad Alberto Hurtado. “Eso se ha dado en los últimos tres años; antes, los delitos con inmigrantes implicados eran inferiores a un 15%”, añade. “Ahora se dan patrones delictivos que antes prácticamente no existían, como el secuestro o la extorsión”, agrega Luneke.
El caso de Palma fue la gota que colmó el vaso y elevó la indignación ciudadana. Cientos de ciudadanos salieron a la calle al día siguiente del crimen para llenar la icónica plaza Italia de Santiago, símbolo de las protestas generadas por el estallido social del 2019, aunque ahora para mostrar su apoyo a los Carabineros, vilipendiados durante la revuelta callejera por su dura actuación contra los manifestantes.
De hecho, durante el estallido ciudadano se presentaron decenas de denuncias contra los carabineros por violaciones de los derechos humanos e incluso por abusos sexuales contra manifestantes detenidas. Una de las promesas de campaña de Boric fue indultar a algunos encarcelados en las protestas, lo que cumplió al llegar a la Moneda. El mandatario indultó la pasada Navidad a doce personas arrestadas en los disturbios y enfrentamientos con la policía, causando una gran polémica que ahora contrasta con las políticas de mano dura contra la delincuencia y la inmigración esgrimidas por el Gobierno progresista de coalición.
Una mano dura aplaudida por la derecha en el Parlamento, donde, inmediatamente tras el crimen del carabinero Palma, Gobierno y oposición acordaron una agenda de diez proyectos de ley sobre seguridad a aprobar de manera exprés en tres meses. Entre esas normas figuran la creación del Ministerio de Seguridad, una ley de ciberseguridad o leyes que permitirán agilizar la expulsión de migrantes indocumentados o limitar la libertad provisional para delincuentes reincidentes.
Por su parte, el fiscal general, Ángel Valencia, instruyó a todos los fiscales a solicitar la prisión preventiva de los extranjeros detenidos indocumentados, aunque la última decisión sea del juez. Pero para evitar que esa decisión quede a discreción del juez ya hay voces en la oposición y el propio Gobierno que defienden una ley para institucionalizar la prisión
En un 30% de los delitos hay extranjeros implicados, mientras que la tasa carcelaria de inmigrantes es del 5%
La espiral violenta tuvo su inflexión el 5 de abril con el asesinato del tercer carabinero en menos de un mes
El Gobierno apoya la decisión de la Fiscalía de enviar a prisión preventiva a los simpapeles detenidos
“Boric entregó la agenda de seguridad a la derecha y se ha hecho más conservador”, dice una socióloga chilena