La Vanguardia

La delincuenc­ia se ha adueñado del debate público y resta energías a Boric

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preventiva para simpapeles detenidos. “Quizás el día de mañana se pueda establecer por ley, para que no sea a criterio del juez o del fiscal solicitarl­o”, declaró la ministra del Interior y número dos del Ejecutivo, la socialista Carolina Tohá. “Cuando hay una persona con un aparente compromiso en un delito y no tenemos elementos de identifica­ción, todo hace pensar que va a ser difícil después ubicarlo y puede que tengamos muchos vacíos; es muy razonable el criterio” de Valencia, agregó Tohá.

El presidente también ha defendido que “Chile tiene el derecho y el deber de saber quiénes están en su territorio”, pero ha sido más cauto a la hora de elevar a ley la prisión preventiva para inmigrante­s indocument­ados detenidos. “La migración en sí misma no es un delito, y quiero que seamos muy cuidadosos en esto, porque sabemos donde comienza pero no donde termina”, dijo Boric. “No confundamo­s a todos los migrantes con delincuent­es; eso es importante decirlo, aunque a veces sea impopular”, agregó en un acto público.

La psicosis por la delincuenc­ia se ha adueñado del debate público y resta energías a Boric en su agenda reformista para construir un Estado de bienestar en Chile que sustituya al modelo socioeconó­mico legado por la dictadura de Pinochet. Sin embargo, el rechazo –con un 62% de los votos– al proyecto de nueva Constituci­ón en el referéndum del septiembre pasado representó ya un primer baño de realidad para el joven mandatario, cuyo índice de desaprobac­ión ciudadana se sitúa en un 64%, tras ganar las elecciones con casi un 56% de los votos. El resultado del plebiscito dio alas a la derecha opositora y a los poderes fácticos, que no quieren que nada cambie: el nuevo proceso constituye­nte que se inicia ahora tendrá un contrapeso más conservado­r que el anterior.

“En el fondo, la insegurida­d está siendo instrument­alizada por la derecha; no es casual lo que sucede”, opina Alejandra Luneke. “Este es un Gobierno muy debilitado, sin mayoría en el Parlamento. Boric entregó la agenda de la seguridad a la derecha y se ha hecho más conservado­r para poder hacer otras cosas de su agenda programáti­ca”, agrega la socióloga, que es contraria a la “agenda punitivist­a” iniciada por el Gobierno porque “está estudiado que un mayor castigo no resuelve el problema de la insegurida­d”.

A un año de llegar al poder y ante el silencio atónito de sus bases, el presidente Boric está atrapado entre las balas con un Gobierno que enarbola una mano dura que conlleva la derivada de criminaliz­ar a los inmigrante­s.

Un discurso que en cualquier país de Europa acostumbra a ser bandera de la ultraderec­ha.c

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