El Gobierno se niega a negociar con la Junta hasta que retire el plan de Doñana

“Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada, para que no haya la más mínima duda en la UE, la Unesco y la población española, estaremos encantados de colaborar con ellos”. Esa es la condición que ha puesto la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para entrar en una negociación con la Junta de Andalucía sobre el futuro de los regadíos que amenazan el parque de Doñana.

Ribera fue muy insistente respecto a la rectificación completa del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla: “No vamos a negociar ilegalidades”. La vicepresidenta recordó que tanto ella, al habla con el presidente andaluz, como su secretario de Estado, Hugo Alfonso Morán, en comunicación con el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-pacheco, informaron en reiteradas ocasiones de la ilegalidad de la iniciativa de ampliación de regadíos para el humedal. Y subrayó que así se lo había trasladado ayer la Comisión Europea al consejero.

El entendimiento a este respecto se plantea imposible, pues Fernández-pacheco propone una mesa bilateral con el Gobierno central para trabajar sobre la propuesta existente. El consejero dice que están dispuestos “a aceptar enmiendas, pero no a retirar la proposición” y acusa al Ejecutivo de haber “roto todos los puentes con nuestra tierra por interés electoral”.

Pese al rapapolvo de Bruselas, ayer el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, insistió en su plan aduciendo que solo afecta a aguas superficiales “que sobran”. Y, al unísono con la Junta de Andalucía, considera que hay una campaña orquestada por el Ejecutivo central contra la autonomía andaluza, “un ataque brutal”.

En todo caso, la Junta echa balones fuera: “No se ha aprobado nada”, y Maroto insiste en que nada se aprobará sin cumplir con los requisitos ambientales establecidos por Bruselas y por el Tribunal Superior de Justicia de la UE.