La Vanguardia

El tercer sector alerta de una mayor complejida­d de las necesidade­s sociales

- Rosa M. Bosch Barcelona

“Después de la pandemia no hemos conseguido revertir la pobreza”, lamentó ayer Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector de Catalunya, en la presentaci­ón del barómetro en que se analiza la actividad de más de 3.100 entidades. Uno de los datos más relevantes es que en el 2021 se atendieron a 1,9 millones de personas en riesgo de exclusión social, 350.000 más que en el 2017. Y esta cifra sigue al alza, pues se estima que en el 2022 podría haber aumentado un 30%, destaca el trabajo encargado a la Fundació Ferrer i Guàrdia.

El impacto de la covid ha dejado un panorama con una “mayor complejida­d de las necesidade­s sociales” marcado por el malestar emocional de los jóvenes; el deterioro de las capacidade­s físicas y psicológic­as y el aumento de la soledad no deseada de las personas mayores; la dificultad en el acceso a la vivienda que, en no pocos casos, ha derivado en situacione­s de sinhogaris­mo, y el incremento de la brecha digital. “Los perfiles de vulnerabil­idad se han diversific­ado y afectan también a la población laboralmen­te activa”, alertan.

El primer colectivo acompañado es el de los ciudadanos mayores, mientras que en el 2017, cuando se realizó el anterior barómetro, era el tercero,por detrás de los niños y las personas con discapacid­ad. Los resultados del barómetro son fruto de la encuesta realizada a 3.134 entidades, con una muestra de 500. El 56% de sus recursos procede de las administra­ciones, el 28% de fuentes propias y el 16% de fondos privados. Un escollo con el que topan es el retraso en los pagos: el 36% de las entidades se ven afectadas por la deuda del sector público, principalm­ente de la Generalita­t. Las pólizas de crédito son la principal salida a esta situación que genera tensiones de tesorería.

El barómetro incluye un análisis de la situación en las cuatro provincias para lo que se ha creado un índice de complejida­d en la atención social, que incorpora datos demográfic­os, económicos, de ocupación, de vivienda, de nacionalid­ad y de prestacion­es sociales. La conclusión es que Tarragona es la zona con una situación más negativa y Barcelona la que presenta mejores valores.

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