Asesorar para el acuerdo de claridad
El Govern ha hecho públicas las cinco preguntas que nos formula como integrantes del Consell Acadèmic per l’acord de Claredat. Son cuestiones encaminadas a buscar vías para la resolución del conflicto político sobre el futuro de Catalunya que tendremos que responder en un plazo muy breve. El nombre escogido por el Govern, acuerdo de claridad, hace referencia al lenguaje del dictamen del Tribunal Supremo canadiense sobre la independencia del Quebec publicado en el año 1998. Más allá de este caso, los referentes en cuanto a la resolución de conflictos territoriales son muchos y variados en la política comparada. El asesoramiento que se nos ha pedido implica una tarea intelectual de doble naturaleza con el fin de llegar al común denominador de los referentes internacionales en resolución de conflictos y encontrar unas reglas del juego potencialmente aceptadas por las partes.
Primeramente, hay que traducir el lenguaje del Supremo canadiense junto con otros casos relevantes de la política comparada a la realidad política de nuestro país. Esta empresa no es nueva, tal como han tratado varios trabajos académicos, la recepción de los documentos (de naturaleza diversa) producidos en conflictos territoriales es numerosa y multinivel; estados, regiones, partidos y asociaciones en conflictos muy diferentes entre ellos utilizan a menudo la política comparada. El dictamen canadiense, por ejemplo, es un referente que tiene una larga tradición interpretativa en España y Catalunya, y que ha sido citado por el Tribunal Constitucional, el CATN o el gobierno vasco, entre muchos otros actores sociales y políticos.
La necesidad de utilizar doctrinas y políticas internacionales, algunas relativamente ajenas a la tradición jurídica y política autóctona, lleva implícito un ejercicio de realismo bastante complejo. El conflicto político en nuestra casa se caracteriza por la falta de aceptación del pluralismo por parte de algunos actores y una notable rigidez constitucional que dificulta plantear los diversos horizontes políticos deseados por la ciudadanía de Catalunya. A la vez, la evolución del conflicto ha hecho aumentar la polarización política.
¿Qué puede aportar un informe redactado por académicos que responde a las preguntas formuladas por el Govern?
No es nuestra tarea definir cuál tiene que ser la estrategia política del Govern y el Parlament de Catalunya, ni todavía menos de los partidos políticos o las asociaciones civiles, todos ellos piezas clave para el debate democrático. Sin embargo, una contextualización realista de las soluciones ensayadas internacionalmente tiene tres potenciales virtudes en el contexto en que nos encontramos.
En primer lugar, precisamente la de encontrar el lenguaje común entre partidarios de varios horizontes políticos en Catalunya que permita plantear democráticamente todas las opciones políticas. Eso implica explorar conceptos que sean capaces de alcanzar vías de resolución democrática que disfruten de la máxima legitimidad posible.
En segundo lugar, este lenguaje común puede ser útil para superar el estancamiento político. El conflicto que afrontamos, reconocido por el mismo Gobierno de España, corre el riesgo de transformarse en un conflicto congelado. Es un callejón sin salida para el conjunto de la ciudadanía, un marco político y jurídico que no satisface ni a los partidarios de la independencia ni a los ciudadanos que aspiran a otros horizontes políticos como son la centralización y/o el federalismo, incluido un statu quo indefinido y confuso resultante de la reforma estatutaria del 2006.
En tercer lugar, el informe tendrá que ser capaz de alcanzar un grado suficiente de concreción. El diálogo es positivo y
El trabajo del consejo es abrir horizontes de conocimiento y caminos que explorar
constructivo. Ahora bien, las democracias liberales se caracterizan por la vehiculación de la voluntad popular a través de mecanismos específicos que normalmente incorporan pesos y contrapesos. De las experiencias comparadas podemos extraer muchas lecciones con respecto a mecanismos, negociaciones, preguntas, mayorías, quórum y otros aspectos relacionados con la resolución de conflictos territoriales. Es en este sentido que nuestra tarea es identificar propuestas específicas, no necesariamente para formular soluciones cerradas, sino para ser constructivos ante el momento histórico que nos ha tocado vivir.
Estas pueden ser algunas de las aportaciones académicas a la resolución del conflicto. Pero es al Govern junto con el resto de instituciones públicas y las fuerzas políticas, y en último término a toda la ciudadanía, a quien corresponderá la traducción del informe en una orientación política concreta. El trabajo del consejo es más bien abrir horizontes de conocimiento y caminos que explorar. Abrir, y no cerrar el abanico de posibilidades razonables.