El uso de la videovigilancia policial sigue siendo irrisorio en Catalunya
Niza tiene más de 3.500 cámaras de seguridad, frente a las 117 de Barcelona
Dos consideraciones previas antes de entrar en materia. Una, el sector de la videovigilancia es tan complejo en cuanto a los reglamentos y marcos jurídicos que lo rigen, que no son pocos los expertos que advierten que no estaría mal poner un poco de orden. Y dos, existe una sensación generalizada de que cada vez hay más cámaras que controlan y graban nuestras vidas, que vivimos en una especie de Gran Hermano permanente del que cuesta escabullirse. Pero esta es una percepción que se sostiene solo a medias. La presencia de videovigilancia policial, que agrupa exclusivamente a las cámaras controladas por la policía, está a años luz de cualquier rincón de nuestro entorno más inmediato. Si comparamos Barcelona con Niza, se entiende mejor la situación.
Los requisitos para instalar cámaras son muy restrictivos y exigen un informe policial que las avale
Ambas ciudades del Mediterráneo sufrieron en sus carnes la tragedia del terrorismo.
En julio del 2016, un ataque yihadista segó la vida a 86 personas en Niza. Un año después, en agosto del 2017, otras 16 personas fueron asesinadas en la Rambla de Barcelona. Los dos sucesos tuvieron una respuesta inmediata en cuestión de seguridad y de prevención. La ciudad francesa cuenta actualmente con más de 3.500 cámaras policiales de videovigilancia. Barcelona terminará el año con 117.
Los datos no aguantan la comparación. Se trata de dos modelos dispares de entender la prevención y la seguridad. El de Niza no es un caso aislado. Cifras similares en cuanto a presencia de cámaras en la vía pública, e incluso superiores, se dan en París, Londres o cualquier otra urbe europea, por no hablar de Estados Unidos, donde la monitorización ya forma parte del día a día y prácticamente ni se pide permiso o no se concibe que se pongan trabas para su uso.
De la videovigilancia policial ya quedan pocos detractores, pese a las reticencias con las que se instalaron las primeras cámaras, que fueron atacadas con el argumento de que irrumpían en la intimidad.
La normativa que regula la ins-
talación de las cámaras de videovigilancia policial es especialmente compleja y restrictiva.
No está de más dibujar el mapa competencial para entender un poco mejor de quién depende cada uno de los artilugios. En la vía pública en Catalunya solo puede haber cámaras policiales. Se entiende por vía pública cualquier calle, plaza, playa, puente o parque donde persista en el tiempo un conflicto que aconseje a la autoridad municipal solicitar la instalación de una o de las necesarias cámaras. Esos terminales son gestionados exclusivamente por policías y solicitados a la comisión de videovigilancia de Catalunya por los ayuntamientos.
En el de Barcelona, la gerente de
seguridad, Maite Casado, es la encargada de firmar los informes que solicitan a la comisión la instalación. Los últimos informes están relacionados con las 17 cámaras del paseo de Gràcia y otras ocho alrededor del palacete Albéniz, en Montjuïc.
La comisión de videovigilancia está presidida por el presidente
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que reúne a puerta cerrada una vez al mes a los miembros y ponentes que previamente se han repartido y estudiado las solicitudes. Sus decisiones son vinculantes y notificadas por la Direcció General d’administració de Seguretat (DGAS). Cada petición viene
acompañada de un detallado informe policial en el que el Consistorio debe acreditar con datos policiales la necesidad de la presencia de la cámara para mejorar la prevención y la actuación policial. El expediente tiene que recoger con imágenes el campo de visión de cada cámara, los pormenores de la gestión de las imágenes, y un cuestionario de ocho folios de tal complejidad técnica que son numerosos los municipios que acuden a la DGAS en busca de asesoramiento cuando se plantean instalar una cámara.
Otro dato oficial que ayuda a entender la insignificante presencia de cámaras de vigilancia policial en la vía pública de los municipios catalanes son los datos oficiales facilitados por la DGAS a La Vanguardia. En el 2010, el Departament d’interior autorizó, tras el informe preceptivo de la comisión de videovigilancia, 28 expedientes de instalación de cámaras de los 28 solicitantes. Doce años después, en el 2022, se autorizaron 73 de los 79 recibidos. Unos datos