Una nueva crisis migratoria sitúa a Biden ante su desafío más complejo
El fin de las expulsiones amparadas en la pandemia amenaza con crear un caos
El problema no tiene buena solución. Reúne todas las facetas posibles en la acción pública: política, humanitaria, económica y de seguridad. Y Joe Biden, ya muy criticado al respecto, como tantos presidentes anteriores, será acusado de incapaz y blando por los republicanos, de represor por algunos demócratas o de ambas cosas a la vez desde uno y otro lados.
El jueves 11 de mayo a las 23.59 h expira el título 42 del Gobierno, un decreto especial que desde marzo del 2020 ha permitido ordenar 2,7 millones de expulsiones de inmigrantes bajo razones de salud pública por pandemia que desde hace meses no se sostienen. Decenas de miles de desesperados de toda América Latina se disponen a aprovechar la nueva situación para cruzar la frontera como puedan y pedir asilo. El caos está servido.
El propio Biden asume que el sistema de control de la inmigración está “roto desde hace demasiado tiempo”. Y culpa a Trump del desastre. Lo que no reconoce es la decepción que sus políticas han causado entre los inmigrantes y parte de su electorado.
El líder demócrata llegó a la Casa Blanca tras una campaña donde las promesas de acabar con las crueles políticas migratorias de Trump ocuparon un lugar importante. Luego, Biden desarrolló efectivamente un plan para reunir a las familiar separadas por la administración anterior; suspendió el programa Quédate en Mexico, que obligaba a la mayoría de solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en campamentos en aquel país, y amplió las medidas de protección para 700.000 dreamers o jóvenes sin papeles que llegaron a EE.UU. siendo niños... Hubo mejoras.
Sin embargo, el presidente demócrata mantuvo en vigor el título 42 para seguir expulsando migrantes cuando ya la pandemia difícilmente lo justificaba. Y, si bien al final reclamó el vencimiento del precepto ante los tribunales, incluso una parte de su formación y no pocas organizaciones especializadas consideran que su inicial continuismo e insuficientes acciones ante el apremiante desafío también están detrás del hacinamiento de miles de personas en refugios y acampadas a ambos lados de la línea.
De acuerdo con el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, más de 19.000 migrantes se hallan recluidos en las instalaciones de Aduanas de EE. UU., cifra que supera la capacidad de esos centros en un 200%. El flujo de personas que se dirigen a la frontera aumenta a medida que se acerca la fecha del 11 de mayo. En abril, la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 183.000 migrantes que trataban de cruzar al norte, lo que representa un aumento de un 13% respecto a marzo. Y el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller, cree que al expirar el título 42 el número de cruces irregulares llegará a los 10.000 diarios, es decir, por encima del récord de 8.000 alcanzado de manera extraordinaria en diciembre pasado ante la expectativa inicial de que iba a ser entonces cuando vencería el decreto. Antes de esa fecha, las entradas podían oscilar entre las 1.500 y las 3.000 diarias.
En la parte mexicana el drama no es menor. Solo en Ciudad Juárez, conectada a través del río Bravo con El Paso (Texas), las autoridades cifran en 35.000 los migrantes amontonados en albergues, calles y descampados.
La situación no es solo una bomba de relojería. Después de la muerte de cuarenta personas en un incendio durante un motín en un centro de detención para migrantes en Juárez, el 27 de marzo, el pasado sábado un conductor hispano mató a ocho extranjeros, en su mayoría venezolanos que esperaban al autobús, frente a un centro de acogida de la población fronteriza de Brownsville (Texas). Y aunque el autor está acusado de homicidio imprudente al considerarse que perdió el control de su Land Rover cuando circulaba a gran velocidad, la policía
Decenas de miles de migrantes se hacinan a ambos lados de la línea y miles más se disponen a cruzarla como sea
no descartaba ayer que hubiera actuado intencionadamente.
En previsión de una avalancha humana a partir del jueves, Biden ha ordenado el envío de 1.500 soldados del ejército para apoyar a la Patrulla Fronteriza y a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera. También ha negociado la apertura de centros de procesamiento de peticiones de asilo en países de origen y tránsito como Colombia y Guatemala. Y desde enero tiene anunciado que aquellos que intenten entrar en el país ilegalmente estarán sujetos a una “expulsión acelerada” con prohibición de reingreso durante cinco años.
Pero nada de esto basta ni bastará para los republicanos, que piden más mano dura a la par que sabotean las políticas migratorias de Biden, por activa y por pasiva: fletando autobuses con inmigrantes desde los estados que gobiernan hasta grandes ciudades regidas por demócratas, y negándose a pactar una ley bipartidista sobre control de los flujos migratorios.
El asunto es ya materia de pimpampum electoral con vistas a las presidenciales del 2024. Haga lo que haga, Biden seguirá recibiendo patadas de los republicanos... en el trasero de los inmigrantes.c