La ‘operación Andorra’, clave en la estrategia antiindependentista del gobierno de Rajoy
El comisario Villarejo activó a su brigada en octubre del 2012 a la búsqueda de datos en Andorra
El caso BPA llega al Congreso de los Diputados. La comisión de investigación sobre la operación Catalunya prevé arrancar esta tarde sus comparecencias con la del comisario jubilado José Manuel Villarejo, personaje clave de las maniobras que a partir del 2012 practicó una parte de la cúpula policial para atacar a determinados líderes independentistas.
Uno de los dueños de Banca Privada d’andorra (BPA), Higini Cierco, debía declarar hoy, pero pidió un aplazamiento por problemas de agenda.
En el 2014, BPA fue amenazada por diversos altos cargos de Interior para que desvelara si Jordi Pujol, Artur Mas u Oriol Junqueras o sus familiares tenían dinero allí. Si no cooperaban, el banco sería clausurado. Un ejecutivo de BPA entregó algunos datos de dinero de parte de la familia Pujol que en el 2010 llegaron a BPA procedentes de otro banco andorrano, Andbank. Pocos meses después, BPA fue liquidada por EE.UU. a través del FINCEN, un organismo contra el dinero sucio. Bajo la acusación de que el banco tenía fondos de las mafias rusa y china, de dirigentes venezolanos corruptos y del cártel de Sinaloa, cortó el grifo del dólar y sentenció así a BPA y su filial en España, Banco Madrid.
La profecía se había cumplido: ¿fue la policía española la que intoxicó a los estadounidenses con información de todos esos criminales en venganza por la supuestamente pobre colaboración de BPA? La publicación de aquellos datos bancarios obligó ni más ni menos que al expresident Pujol a confesar que ciertamente tenía dinero en los Pirineos. Alegó que procedían de una herencia de su padre y puso así un broche de lata a su importante carrera política.
¿Qué datos sobre BPA dieron España y Andorra a EE.UU. para que considerara que blanqueaba o aceptaba dinero criminal?
Estas son las dos cuestiones clave de la comisión que arranca hoy. El cierre de BPA y Banco Madrid generó decenas de causas judiciales en España, Andorra y EE.UU. Primero contra los presuntos criminales con cuentas allí, contra la acción del FINCEN, contra BPA por revelar datos y por último contra los políticos y policías que presuntamente activaron la operación. El expresidente Mariano Rajoy –visitó Andorra dos meses antes de la acción del FINCEN–, dos de sus ministros y diversos altos mandos de Interior –Villarejo entre ellos– están imputados en Andorra.
Después de la Diada del 2012, cuando la cúpula del Ministerio del Interior percibe la musculatura que está tomando el independentismo, se pone en marcha la operación Catalunya (Villarejo la llama así en una declaración judicial) y Villarejo activa un mes después a algunos de sus colaboradores.
Lo reconoció en una declaración judicial en Andorra: “He recibido órdenes de mi gobierno de hacer un seguimiento sobre el movimiento económico del clan Pujol”. “Había un interés especial por parte del gobierno español y una de mis tareas era obtener información de inteligencia que se pudiera aprovechar”.
A mediados de octubre, y según anota en su agenda, que La Vanguardia ha rastreado en sus 2.300 páginas, Villarejo encarga a su colaborador Antonio Giménez Raso que busque datos de empresas y bancos andorranos que puedan acoger intereses soberanistas.
Ocho días después, quien informa sobre BPA, pero también sobre Crèdit Andorrà y Banca Mora, es José María Clemente Marcet, barcelonés y socio de Villarejo en negocios inmobiliarios, condenado en Francia por narcotráfico. Clemente, exbanquero, trabajó en banca en Andorra y Suiza, y fue una fuente importante del comisario en ese momento.
También lo es la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que contará a Villarejo cómo le acompañó al principado con maletas llenas de billetes.
Álvarez, se desprende de las agendas de Villarejo, le sugiere el nombre de José Matas Zapata, durante años coronel de la Guardia Civil en Andorra, como una fuente fiable. Matas sería citado por la comisión que el Parlament abrió tras la confesión de Pujol del 2014. Dio toda clase de detalles sobre cómo entra el dinero negro en un paraíso fiscal, pero negó conocer a los Pujol. Tras su jubilación, Matas –que no contestó a las peticiones de este periódico– se ha dedicado al sector inmobiliario en Málaga, con socios diversos.
¿Cómo obtuvo la policía española esos datos de Pujol, protegidos por el secreto bancario andorrano? Higini Cierco explicó en el 2016 ante una jueza andorrana que el director de BPA, Joan Pau Miquel, cedió a la extorsión policial y dio algunos datos. En una enla trevista en su despacho, grabó cómo Barroso le amenazaba con un “hachazo” al banco. En una entrevista posterior en Madrid con el comisario Marcelino Martín Blas , supuestamente le facilitó un documento. La familia Pujol tiene abierto un litigio contra BPA por revelación de secreto bancario.
Diez días después, Villarejo consigna en su agenda: “Pedro Barna” –Pedro Esteban, entonces responsable policial de información en la comisaría de Barcelona y luego jefe de seguridad de una entidad bancaria– le explica que “los datos de las cuentas se consiguen a través de Celestino”. Esteban eludió contestar a La Vanguardia.
Desde BPA se esgrime que la cúpula policial consideró muy pobre la información obtenida y por eso alertó a Estados Unidos y exageró el riesgo de algunos clientes de BPA.
Diez meses después, el FINCEN publica una notice alertando que este banco (y su filial, Banco Madrid) tiene dinero de la mafia rusa, mafia china, de dirigentes corruptos del sector petrolero de Venezuela y del cártel de Sinaloa mexicano. Ambas entidades cierran. El martillo americano argumenta que BPA contaba con diversos ejecutivos que ponían alfombra roja a toda clase de criminales y que el 62% de las transacciones que pasaron por EE.UU. las cursó alguno de esos cuatro grupos criminales.
Fuentes bancarias opinan que “Andorra sacrifica a BPA para salvar a los otros bancos, donde hay clientes comparables”. En diversos audios grabados por Villarejo, este esgrime que la cúpula policial no quiso meterse en otras entidades porque en una de ellas apareció una cuenta del rey emérito.
BPA se ha defendido desde entonces alegando que ninguna de las cuatro presuntas tramas ha sido condenada por las acusaciones iniciales. Ninguno de sus directivos ha sido condenado por colaborar con el crimen. Nunca se ha relacionado al cártel de Sinaloa con BPA, sino a dirigentes políticos de aquel estado mexicano, sin relación con el temible el Chapo Guzmán. La causa de la mafia rusa acabó con penas menores. La china está pendiente de juicio en Madrid. Andorra, eso sí, ha bloqueado 50 millones de euros de la red de sobornos venezolana, según adelantó El País la semana pasada.
“No tengo ninguna duda de que el caso BPA es una pata de la operación Catalunya, la cuestión clave es si se ordena desde arriba o empieza desde abajo”, valora una fuente jurídica vinculada al caso.
El FINCEN retiró la notice un año después, al estimar que ya se habían tomado las medidas oportunas, pero BPA y Banco Madrid ya habían muerto. “La retiró para evitar tener que hacer pública la información remitida por España y Andorra, y que se viera cómo España les engañó”, asegura un abogado del caso. Ambas entidades fueron asumidas por terceros.
Los propietarios del banco, Higini y Ramon Cierco, iniciaron tres procedimientos en EE.UU. contra la acción del FINCEN en los que no consiguieron siquiera acceder a las comunicaciones entre aquel país y España y Andorra.
La liquidación de Banco Madrid, por su lado, está pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional. Si estima el fondo del asunto y da la razón a los dueños, el Estado deberá indemnizar con 161 millones de euros a sus antiguos propietarios.c
“He recibido órdenes de mi gobierno de hacer un seguimiento sobre el clan Pujol”, dice Villarejo a la juez
BPA esgrime que ninguna de las causas que llevaron a su cierre ha acabado en condenas graves