Los alcaldables escenifican su conversión a la fe metropolitana
La tradición de una visión localista de Barcelona cuestiona las nuevas promesas
Para Junts, Barcelona es “el corazón metropolitano de Catalunya”. El programa electoral del PSC está dedicado a “la Barcelona de dimensiones reales”. Esquerra Republicana se refiere a la capital catalana como “la ciudad metropolitana”. Y los comunes de Ada Colau articulan toda su propuesta para los próximos cuatro años desde “una ciudad con mirada metropolitana”, al igual que el PP, que se compromete a abordar las cuestiones que afectan a los barceloneses y los habitantes de los municipios vecinos con “visión metropolitana”.
Jamás como en estos comicios las formaciones que se disputan la alcaldía de Barcelona habían formulado un juramento metropolitano tan firme como el que han incluido –se ignora todavía si por convicción o porque les debe parecer políticamente correcto– en su oferta electoral.
Los programas de todas las formaciones están repletos de propuestas en este sentido y todas ellas en la dirección de ampliar la gobernanza de la Barcelona de los 36 municipios e incluso más allá, en el ámbito de la región metropolitana. ¿Se ha producido una conversión a la fe metropolitana? La práctica de muchos años, de décadas enteras, permite cuestionar la auténtica validez de esos juramentos.
Desde las elecciones locales del 2019, se han dado algunos pasos para dar sentido institucional y práctico a la proclamación formal de la “Barcelona real”. La más relevante es, sin duda, la elaboración del Plan Director Urbanístico (PDU), previa a la aprobación de un Plan General Metropolitano (PGM) que se remonta a 1976 y que desde entonces ha sido objeto de más 1.300 modificaciones parciales. Quizás cuando el actual PGM cumpla el medio siglo de vida, le habrá llegado, por fin, el momento de la jubilación.
Otra iniciativa relevante ha sido la constitución del operador mixto de vivienda. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), una sociedad público-privada de muy difícil gestación que ha de contribuir a paliar el gravísimo déficit de vivienda asequible en la conurbación barcelonesa. Precisamente, las políticas de vivienda, junto a las movilidad, son, según la mayoría de formaciones que se presentan a estas elecciones, aquellas en las que más razón de ser tiene un enfoque metropolitano.
El PSC lleva en su programa la elaboración del primer Plan Metropolitano de Vivienda 20242030. Algo similar, pero con otra denominación (Plan Metropolitano por el Derecho a la Vivienda) plantea el candidato de ERC, Ernest Maragall, que sugiere gestionar de manera conjunta la vivienda de toda el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y evitar la venta de suelo público. Trias per Barcelona formula “una apuesta decidida” por el operador HMB, todo lo contrario que la CUP, que defiende su disolución y transformación en un operador 100% público con el argumento de que dicha sociedad está participada en un 50% por lo que califica de “fondos buitres”.
Mientras tanto, el partido de Ada Colau lleva al ámbito metropolitano una de las iniciativas más controvertidas de su paso por el gobierno municipal de Barcelona: quiere extender a todas las áreas más tensionadas de la AMB la obligación de destinar a vivienda de alquiler asequible el 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones. Como explicaba ayer La Vanguardia, esta medida ha obtenido hasta la fecha resultados muy discretos, hasta el punto que candidatos de otros partidos, aun reconociendo sus buenas intenciones, han anunciado su voluntad de revisarla.
Los discursos de los alcaldables estos días de campaña, así como algunos aspectos recogidos en sus respectivos programas electorales, parecen en ocasiones odas al metropolitanismo que no se corresponden con medidas adoptadas en los últimos años, ni en la ciudad de Barcelona ni tampoco en las poblaciones vecinas. Los alcaldes de estos municipios, aunque al igual que los candida
Coincidencia en el plano teórico para abordar las políticas de vivienda teniendo en cuenta 36 municipios
tos de la capital se llenan la boca de reivindicaciones metropolitanas, siempre han tenido el temor a ceder cuotas de poder, defendidas con uñas y dientes con el pretexto del peligro de la pérdida de identidad de sus ciudades. Para el propósito de no levantar más recelos, sirva como ejemplo la declaración contenida en el programa de Xavier Trias: “No queremos la barcelonización del área metropolitana, sino que todo el mundo tenga sus oportunidades a partir de la identidad de cada municipio”.
El escaparate de ofertas de los candidatos que aspiran a gobernar Barcelona –y la institución metropolitana– es más variado que nunca e incluye productos hasta ahora desconocidos.
En materia urbanística, ERC propone, por ejemplo, “alargar la Diagonal (la B-23) hasta el Llobregat para convertir lo que es carretera y pista en avenida, en un espacio de oportunidad y una infraestructura metropolitana de primer nivel, junto con los municipios de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí y Esplugues de Llobregat, y atravesando el río hasta Santa Coloma de Cervelló”. Los republicanos también plantean la elaboración de un plan director del litoral, un nuevo pacto cultural, una mesa de ocupación de calidad, un plan de aparcamientos park & ride e incluso la proyección internacional de Barcelona, todo ello, desde el ámbito de la metrópoli.
También el PSC, el partido hegemónico en el AMB, propone “liderar la creación de un espacio cultural metropolitano” y, en genérico, ir hacia un urbanismo “que combine la visión a escala de barrio con la escala metropolitana”. Asimismo, apuesta por un sistema de car sharing que traspase las barreras del municipio de Barcelona, una propuesta que comparte con Junts, que a su vez
Los recelos de los municipios vecinos a la expansión de la capital se mantienen vivos
lanza una nueva idea: desarrollar un sistema inteligente y metropolitano para la gestión y coordinación de 37.000 semáforos.
Los comunes, por su parte, dan un salto de escala en su batalla por la municipalización del agua y se comprometen a “estudiar las posibilidades legales de liquidar la concesión actual en 23 municipios”. También sugieren la gestión metropolitana de los servicios sociales y un plan de barrios con una financiación de 800 millones de euros (aportados por los ayuntamientos, el AMB y la Generalitat) que a partir del 2025, llegue a los 36 municipios.c