Municipio rico, jóvenes sin piso
Mireia Ingla (ERC) saca pecho del tripartito que ha gobernado en este mandato, junto con el PSC y la CUP, después de 32 años ininterrumpidos de Convergència
Sant Cugat del Vallès se juega su futuro político con candidaturas muy polarizadas. La actual alcaldesa, Mireia Ingla (ERC), saca pecho del tripartito que ha gobernado en este mandato junto con el PSC y la CUP frente a Junts per Sant Cugat, con el periodista Josep Maria Vallès como nuevo alcaldable de una formación heredera de la Convergència que gestionó la ciudad durante 32 años ininterrumpidos. Por su parte, el líder del PSC, Pere Soler, y el de la CUP, Marco Simarro, se ven con fuerza para ser imprescindibles en el nuevo gobierno.
En el 2019, Junts fue el partido más votado y obtuvo nueve ediles, pero no pudo gobernar debido al inesperado acuerdo entre ERC (seis concejales), PSC (cuatro) y CUP (tres), un pacto que ha permitido que Ingla disfrutara de un mandato estable. Ahora, los alcaldables saben que el rumbo de la ciudad lo marcarán cuestiones como la movilidad urbana (anilla central, zona de bajas emisiones...), la vivienda (la falta de precios públicos expulsa a los jóvenes), la eficiencia energética, el nuevo barrio de Ca n’ametller, el crecimiento sostenible o las inversiones en equipamientos, como en Torre Negra. En paralelo, también habrá elecciones en la entidad municipal descentralizada de Valldoreix, donde el presidente en los últimos 12 años, Josep Puig, no repetirá candidatura.
Con casi 96.000 habitantes, Sant Cugat conserva la etiqueta de municipio rico y con buena calidad de vida. Es la ciudad catalana mayor de 50.000 habitantes con el PIB por habitante más elevado (54.100 euros por vecino), según Idescat. A su vez, ostenta el título de ciudad sostenible, con 55.000 árboles (1,7 por habitante) y 300 hectáreas de espacios verdes. Otra peculiaridad que complica la gestión es su vasto término municipal: 48,2 km2 repartidos entre la propia Sant Cugat, Valldoreix, Mira-sol, la Floresta y Les Planes, con la delicada convivencia con Collserola.
Sant Cugat también destaca por el elevado número de candidaturas, que responde a esta ciudad crisol. En total, se presentan 15, que abarcan todo el arco ideológico: Junts per Sant Cugat, ERC, PSC, CUP, Ciudadanos, En Comú Podem, PP, PDECAT, Pacma, Valents, Convergents, Impuls Sant Cugat, Front Nacional de Catalunya, Independents y Vox. En Junts, cabe destacar que el exvicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ocupa el quinto puesto y tiene muchos números para ser elegido. Puigneró ya había sido concejal entre el 2005 y el 2010.
Una de las máximas preocupaciones tanto del tripartito como de la oposición es la falta de vivienda de alquiler de protección pública. Los jóvenes abandonan Sant Cugat para irse a Rubí y Terrassa por los precios elevados. En el pleno municipal de marzo, el gobierno local y Junts consensuaron una moción para conseguir que un mínimo del 10% de las viviendas de nueva construcción sean de alquiler asequible.
Otros retos de Sant Cugat pasan por saber cómo se gestionará la nueva escuela La Mirada, que tenía que construirse en el 2022 en el bosque de Volpelleres, pero cuyas obras han sido paradas cautelarmente por la justicia, a instancias de los ecologistas.
Este 2023 ha sido clave para empezar a diseñar Ca n’ametller, el último barrio con el que Sant Cugat puede crecer. El número de pisos, su altura, la movilidad, la eficiencia energética o los equipamientos son cuestiones que el próximo gobierno tendrá que definir. El tripartito ha depositado muchas expectativas en una zona de más de 60 hectáreas entre Can Fontanals, Can Mates Oest y Can Cabassa a la que ha definido como “un ecobarrio que se construirá con criterios de emergencia climática y habitacional”.
Hay otro proyecto urbanístico que parece paralizado: el Ragull Centre, en el polígono industrial de Can Magí. El gobierno lo planteó como una nueva centralidad urbana con vivienda protegida y locales para actividades económicas, comerciales y servicios municipales. Concebido junto con los Laboratorios Ferrer, ha sido centro de quejas tanto por parte de la oposición –en junio pasado, Junts interpuso un recurso contencioso-administrativo en su contra– como de la ciudadanía.
El tripartito y Junts aprobaron en marzo destinar el 10% de la vivienda nueva a alquiler asequible