La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Luis Medina
El caso mascarillas también puede llevar a prisión a su socio
La Fiscalía pide nueve años de prisión para Luis Medina y 15 años de cárcel para Alberto Luceño por la operación que realizaron de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia, en marzo del 2020, y en la que inflaron los precios aprovechándose de la situación de escasez de material que había en aquellos momentos, principalmente de mascarillas.
Tras el cierre de la instrucción, el ministerio público quiere que ambos socios se sienten en el banquillo de los acusados por estafa y falsedad documental. Además, la Fiscalía le añade a Luceño otro delito de falsedad y uno contra la hacienda pública.
También les reclama una indemnización conjunta y solidaria a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid, dependiente del Ayuntamiento, de cerca de seis millones de euros. Luceño, por su parte, tendría que indemnizar a la Agencia Tributaria con 1,3 millones de euros.
Según el escrito del fiscal, los dos socios lograron tres contratos por valor de casi 12 millones de dólares. “Estos precios los impuso Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid diciendo que era el precio fijado por el exportador. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los tests) correspondía a comisiones que los acusados iban a percibir”, apunta.
Para el ministerio público, la intención de ambos acusados fue la de “enriquecerse exageradamente a costa de la situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores”.
Lo que hicieron fue imponer “comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”, sostiene el fiscal.
La presunta estafa se planificó en la segunda quincena del mes de marzo del 2020, en plena pandemia. Luceño, aprovechando que conocía a un empresario en Malasia que podía suministrar productos sanitarios, acudió a Medina para que este, dado que era una persona conocida en la vida social española, buscara y le facilitara el contacto con posibles instituciones públicas interesadas en la adquisición de ese material. Lograron un contacto en el Ayuntamiento madrileño gracias al cual obtuvieron los contratos millonarios.