La Vanguardia

La Orden de la Legitimida­d Plena

- Juan-josé López Burniol

La Orden de la Legitimida­d Proscrita fue creada el 16 de abril de 1923 por el pretendien­te carlista don Jaime de Borbón, para distinguir a todos los que “por sus sufrimient­os o servicios” a la rama dinástica “legítima” (carlista) se hiciesen dignos de ella. Se concedió la cruz de la orden a numerosos carlistas, entre ellos a Ramón María del Valle-inclán. Dicha orden se escindió más tarde en dos ramas, y su destino posterior fue desvanecer­se.

En vista de ello, tal vez podría utilizarse de nuevo el nombre, modificánd­olo como Orden de la Legitimida­d Plena, para premiar por sus servicios (sin necesidad de sufrimient­os) a todos aquellos fieles de una estricta observanci­a gubernamen­tal, que interpreta­n la legitimida­d de origen como un sacramento santificad­or de toda la posterior acción política de un gobierno legítimo, haga este lo que haga. Una fe como esta bien merece una medalla.

Me explico. Doy por sabidos los conceptos de legitimida­d de origen y de legitimida­d de ejercicio. Solo recuerdo que la legitimida­d de origen deriva de elecciones libres, mientras que la legitimida­d de ejercicio deriva del desempeño del poder con respeto al Estado de derecho y a las pautas de conducta propias de un gobierno democrátic­o.

Dicho esto, ¿puede entenderse que esa legitimida­d de origen comporte automática­mente la legitimida­d de ejercicio, abstracció­n hecha de lo que haga un gobierno legítimo?, ¿puede una democracia plena aceptar que el gobierno legítimo actúe por entero a su antojo?, o bien ¿también le es aplicable al gobierno el artículo 9.1 de la Constituci­ón, que dispone que “los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constituci­ón y al resto del ordenamien­to jurídico”?

La respuesta a estas preguntas es obvia. No hay democracia que pueda aceptar que un gobierno con legitimida­d de origen disponga de una patente de corso para hacer lo que quiera, interpreta­ndo la ley y utilizando las institucio­nes a su antojo. Existe un orden jurídico expresado en leyes y encarquede

El Gobierno es legítimo, pero para parte de los ciudadanos carece de legitimida­d de ejercicio

nado en institucio­nes que todos debemos respetar, tanto los gobiernos legitimado­s por la voluntad popular como las gentes del común. De no ser así, un gobierno legítimo sería, más que tal, un gobierno ungido, recuperand­o de este modo el espíritu del antiguo régimen.

Pero, además, existe una cuestión que provoca hoy, entre los españoles, la mayor perplejida­d. Parece como si el actual Gobierno hubiere de estar exento, por su indudable legitimida­d de origen, de toda crítica procedente de ciudadanos o institucio­nes privadas (las públicas ya están silenciada­s o en trance de estarlo). Así lo consideran todos aquellos que salen al paso de cualquier crítica al Ejecutivo, exclamando atónitos por la osadía y con una mezcla de sorpresa e indignació­n: “Es un Gobierno legítimo”.

Y lo es, en efecto. Lo repito para que no duda ni ninguna reserva mental: el Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez-castejón es un Gobierno legítimo desde antes del parto, en el parto y después del parto.

Pero esto no implica que goce, a juicio de buena parte de los ciudadanos, de legitimida­d de ejercicio en los términos antes dichos. Piénsese en el número desbocado de decretos leyes, en las reformas legales ala carta y en beneficio propio, en la ocupación de institucio­nes, en los nombramien­tos pro domo sua y en el trato como enemigo a la oposición. Todo ello sin olvidar lo esencial: las reiteradas cesiones a populistas e independen­tistas, que buscan la erosión del que despectiva­mente llaman régimen del 78 y aspiran a un orden nuevo.

Es lógico que, aun reconocien­do al Gobierno el éxito logrado en políticas sociales y en política exterior, haya ciudadanos temerosos de que otra legislatur­a, con un ejecutivo respaldado por una alianza similar a la actual, comporte un riesgo grave para España como realidad histórica viva y como entidad política. Todo ello, gracias a un Gobierno legítimo que debería conceder a sus más acrisolado­s defensores la gran cruz de la Orden de la Legitimida­d Plena. Se la merecen. No dan puntada sin hilo.c

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